El estudio se ha centrado en 18 convenios sectoriales firmados en distintas provincias andaluzas y de ámbito autonómico, entre los que se encuentran sectores como la hostelería, el comercio, la construcción, el transporte, la automoción, la limpieza, el ocio educativo o las industrias siderometalúrgicas.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto avances desiguales, importantes carencias y, al mismo tiempo, un amplio margen de mejora para reforzar el diálogo social y la negociación colectiva como herramientas fundamentales para dar respuesta a los nuevos retos laborales.

En el ámbito de la movilidad al trabajo, el análisis refleja que es el terreno donde se han producido mayores avances, aunque todavía de forma claramente insuficiente y muy desigual entre sectores.

En algo más de la mitad de los convenios analizados se han incorporado cláusulas que reconocen derechos básicos, como el abono de los gastos derivados de desplazamientos cuando la actividad laboral obliga a cambiar de centro de trabajo, incluyendo dietas, transporte o alojamiento, así como medidas destinadas a evitar perjuicios económicos a las personas trabajadoras en casos de movilidad funcional o geográfica forzosa.

En algunos sectores, incluso, se reconoce el tiempo de desplazamiento como tiempo de trabajo efectivo, una medida especialmente relevante en actividades con centros de trabajo alejados o ubicados en polígonos industriales con difícil acceso.

De forma incipiente, comienzan también a aparecer cláusulas que fomentan el uso de herramientas como las videoconferencias o audioconferencias para la celebración de reuniones dentro de la jornada laboral, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios siempre que sea posible.

No obstante, UGT Andalucía advierte de que son todavía muy pocos los convenios que abordan de manera directa el desplazamiento diario de las personas trabajadoras desde su domicilio al centro de trabajo como una responsabilidad compartida. De hecho, únicamente el Convenio Colectivo Provincial de Derivados del Cemento de Córdoba tiene en cuenta la distancia desde la residencia habitual, abonando el tiempo de desplazamiento cuando este supera los 45 minutos.

Para el sindicato, resulta imprescindible que la negociación colectiva incorpore de forma más decidida cláusulas que aborden el problema del desplazamiento en sus dimensiones temporal, económica y medioambiental.

Vivienda: una ausencia total en la negociación colectiva

En materia de vivienda, el análisis es concluyente: no aparece regulada en ninguno de los convenios colectivos sectoriales estudiados.

No se han identificado cláusulas que aborden el acceso a la vivienda, ayudas al alquiler ni ninguna vinculación entre el empleo y la esfera residencial como parte de las condiciones laborales negociadas.

Esta ausencia total de referencias a la vivienda contrasta de manera evidente con la gravedad del problema habitacional actual y con su impacto directo en la calidad de vida de las personas trabajadoras, lo que, a juicio de UGT Andalucía, evidencia una desconexión entre la negociación colectiva sectorial y una de las principales preocupaciones sociales y económicas del momento.

Respecto a la temperatura y la emergencia climática, los datos reflejan que solo cuatro de los 18 convenios firmados en 2025 recogen compromisos ambientales de carácter general, centrados principalmente en declaraciones de intenciones sobre sostenibilidad, formación medioambiental o promoción de políticas de compra responsable.

Sin embargo, únicamente uno de los convenios analizados establece medidas concretas de adaptación y prevención operativa, describiendo protocolos específicos para la suspensión de la actividad laboral ante condiciones climáticas extremas, como episodios de temperaturas extremas, lluvias intensas o nieve.

UGT Andalucía considera que las cláusulas medioambientales existentes continúan siendo excesivamente genéricas y carentes de carácter vinculante.

Por ello, el sindicato propone sustituir las meras declaraciones de principios por compromisos concretos y evaluables, como planes de reducción de residuos con objetivos anuales, formación obligatoria en sostenibilidad, auditorías energéticas periódicas y, especialmente, la participación sindical en el diseño, seguimiento y evaluación de estas medidas.

Asimismo, reclama la incorporación de protocolos de actuación frente a fenómenos meteorológicos extremos que garanticen la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, evitando su exposición a situaciones de riesgo derivadas de un cambio climático que se manifiesta de forma cada vez más intensa y continuada.