Desde hace más de cuatro días, se están registrando las mayores protestas sociales en el país desde 2009. Aunque se desconoce la cifra exacta, centenares de personas han muerto en la brutal represión que el gobierno iraní está llevando a cabo para frenarlas. El régimen de los ayatolás, asimismo, está tratando por todos los medios de cortar cualquier tipo de comunicación de las personas que viven en el país al exterior a través de un apagón de la conectividad a internet, buscando que la comunidad internacional no vea el enorme respaldo que están teniendo las protestas contra la República Islámica y la salvaje violencia que está siendo utilizada para reprimirlas.

El actual levantamiento tiene un matiz diferente a las también masivas protestas que se produjeron en rechazo al asesinato de la joven Mahsa Amini en 2023, ya que las actuales nacen como reacción a la situación económica iraní y una inflación insoportable para las clases trabajadoras. A estas protestas económicas se han ido uniendo otras demandas de carácter social que exigen más libertad, igualdad y, en definitiva, el fin del régimen teocrático.

Efectivamente, la situación económica de las trabajadoras y los trabajadores iraníes es más que pésima, con una clara y constante depreciación de la moneda, inflación sangrante, grandes pérdidas de valor de los salarios, aumento del paro y la prominente creación de empleos precarios. Basta decir que, en los últimos tres meses, el poder adquisitivo de la población se ha reducido a una cuarta parte, el precio de una docena de huevos se ha triplicado y el de la carne ha aumentado dos veces y media. En los últimos meses, la moneda nacional ha perdido hasta un 200 % de su valor frente al euro y el dólar.

La respuesta de las autoridades iraníes ante esta situación no ha sido la de abrir vías de diálogo y coordinación, sino aumentar el número de detenciones arbitrarias, torturas y, en algunos casos, asesinatos de líderes sociales, entre ellos sindicalistas, justificando el terrible uso de la brutal violencia por razones de seguridad nacional. Una seguridad que, realmente, solo es la de unos pocos autócratas que quieren mantener sus privilegios frente a un pueblo que desangran de forma metafórica y figurada.

UGT hace suya la condena contra el régimen ayatolá, que quiere mantenerse en el poder a base de represión y salvajismo, publicada recientemente por la Confederación Sindical Internacional, al tiempo que señala la importancia de apoyar estas legítimas protestas que deben servir para cumplir los deseos de libertad e igualdad de los iraníes y, en ningún caso, para fortalecer la posición de potencias extranjeras como Israel y EEUU, o favorecer el regreso de otro tipo de autoritarismo. Si lamentable fue el que la protestas de 1979 -iniciadas de forma legítima contra el entonces Sha- fueran utilizadas por los ultras religiosos para alcanzar el poder, sería igualmente injusto y condenable que estas protestas justas se instrumentalizaran de nuevo para atender a los intereses que no son los de un pueblo hambriento de libertad y mejora de sus condiciones de vida, sino los de poderes económicos y políticos extranjeros.

Este es el momento de que el pueblo iraní decida su futuro de forma libre y democrática. UGT defiende a las y los manifestantes que ponen en riesgo su vida con la esperanza de liberar a su país de unos dirigentes enemigos del progreso y de la clase trabajadora, especialmente de las mujeres que sufren como nadie la peor cara de un régimen ultra religioso.