El Gobierno debe trasponer la Directiva Europea que protege contra los riesgos del amianto
El 21 de diciembre se cumplió el plazo para la transposición de la Directiva Europea 2023/2668 para la protección de las personas trabajadoras contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.
El amianto o asbesto es el nombre genérico que recibe un grupo de minerales muy utilizados en revestimientos como aislante y en materiales de construcción incorporados a las estructuras de los edificios. Desde UGT recordamos que en España está prohibida la utilización, producción y comercialización de fibras de amianto y de los productos que contienen estas fibras desde 2002, por lo que ya no se dan las exposiciones que fueron determinantes y causaron graves daños a la salud en décadas anteriores y que, injusta e incomprensiblemente a día de hoy, aún no han sido compensadas en su mayoría.
Sin embargo, y aunque la prohibición en España se remonta a hace más de 20 años, las personas trabajadoras aún pueden tener riesgo de exposición al amianto cuando entran en contacto con materiales ya instalados que lo contengan, como estructuras o instalaciones en edificios, en equipos o unidades de trenes, barcos o vehículos y en la gestión de los residuos con amianto.
Por ejemplo, hace escasas semanas, han saltado las alarmas en relación a las pastillas de freno utilizadas en ascensores de elevadores de aerogeneradores que pueden suponer una nueva fuente de exposición para las personas trabajadoras que deban participar en su renovación y mantenimiento.
Hace ya más de dos años que se aprobó la Directiva (UE) 2023/2668, de 22 de noviembre de 2023, por la que se modifica la Directiva 2009/148/CE sobre la protección de las personas trabajadoras contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.
Esta directiva establecía como fecha límite de transposición a nuestro ordenamiento jurídico el pasado 21 de diciembre de 2025. En ella se debían actualizar, entre otras cuestiones, los valores límite de exposición de las personas trabajadoras durante sus tareas, reduciendo hasta 10 veces los índices actuales.
Los avances científicos y tecnológicos permiten mejorar la protección de las personas expuestas al amianto y reducir la probabilidad de que se contraigan enfermedades muy graves relacionadas con el amianto, pero que de poco sirven si no se desarrolla la normativa que obliga a la aplicación y puesta en marcha de esas medidas.
UGT insta al Gobierno a que, de manera urgente, apruebe las normas que permitan proteger la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras expuestos al amianto y exige que se informe de manera urgente de las medidas de protección que se han implementado para retirar los componentes que han llegado a algunas empresas de elevadores de aerogeneradores que operan en España.
Los riesgos por exposición al amianto deben seguir siendo una prioridad en nuestro país puesto que, a pesar de la infradeclaración existente, como denunciamos con frecuencia, hasta septiembre de 2025 se han declarado 48 enfermedades profesionales causadas por el amianto, del total de las 94 enfermedades causadas por agentes carcinogénicos, lo que nos da una idea de la importancia que debe tener el control a las exposiciones de esta sustancia cancerígena.