"Vivimos una intervención financiera encubierta por parte de la UE"
El Gobierno de Mariano Rajoy, lejos de escuchar a los trabajadores, parece únicamente obsesionado con cumplir los mandatos económicos impuestos por la Unión Europea. Una cuestión que se convierte en una “intervención financiera encubierta”, a juicio de la Secretaría de Análisis Económico y Evaluación Técnica de UGT Andalucía.
Así lo entienden porque la Comisión Europea obliga a España a ajustar el déficit público un 5,5% del PIB en dos años, el doble del ajuste impuesto a Irlanda o a Portugal (tendrán que recortar menos de 3 puntos) y menos de la imposición que recae sobre Grecia (inferior al 5%). Es decir, este recorte, del 8,5% al 3% del PIB en apenas dos años, es muy superior al de los países que ya han sido rescatados por la UE y por el Fondo Monetario Internacional .
Según los responsables sindicales de Análisis Económico, lo que Bruselas no impone a España es "el recorte sin precedentes" impuesto por Rajoy, un “tijeretazo” de unos 55.000 millones de euros hasta el cierre de 2013. "Al tratarse de una “intervención encubierta” y no una “intervención directa”, la UE permite al Gobierno escoger el camino a seguir para cumplir con el objetivo de déficit público".
"Desgraciadamente, los Presupuestos Generales del Estado", presentados este martes en el Congreso de los Diputados, "apuestan decididamente por la reducción del gasto, y no por el incremento de los ingresos, como vía para cumplir con los objetivos de déficit".
La Secretaría de Análisis Económico está convencida de que hay otra forma de salir de la crisis, incluso hay otra forma de cumplir con los objetivos de déficit de la UE sin dejarse avasallar por esta “intervención encubierta”. ·Para cumplir con el objetivo lo que hay que hacer es "empezar a crecer y a generar empleo. Es preciso llevar a cabo una ambiciosa política de defensa de lo público contando con una Administración fuerte, capaz de intervenir en la economía, desarrollando un modelo de crecimiento sostenible, apostando por un Estado del Bienestar sustentado sobre la calidad de los servicios públicos y, cómo no, defendiendo los derechos sociales y laborales de los trabajadores".