UGT Andalucía

“Estamos ante un otoño difícil debido a la crisis energética, la subida de los precios y el alza de los tipos de interés. Una situación que se agrava en Andalucía por las deficiencias en materia económica y de empleo, lo que hace más necesario que nunca una política económica y presupuestaria que apueste por el desarrollo socioeconómico”, ha señalado.

“En Andalucía venimos de unos presupuestos prorrogados que se elaboraron en 2020, en un escenario muy distinto al que tenemos ahora provocado por la Guerra de Ucrania, por tanto, hemos perdido dos años que, a nuestro juicio, han sido claves para afrontar esta nueva crisis. Los presupuestos de este año no tienen una perspectiva social, no están programados para cubrir necesidades sociales, que van a ir en aumento si la situación económica no mejora ni suben los salarios. El epicentro de la política presupuestaria gira en torno a la reducción de impuestos algo que consideramos contrapuesto a la prestación de unos servicios públicos de calidad.”

Según Castilla, “en un primer análisis vemos que gracias al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, nuestra Comunidad Autónoma va a recibir de la Administración General del Estado un total de 1.063 millones de euros. El Proyecto de Presupuesto para 2023 contiene una cifra global de 45.603,8 millones de euros, con un incremento del 12,9% con respecto al de 2021”, ha dicho.

“En cuanto al empleo, los números presentados por la Junta prevén una cifra de ocupados de solo 3.252.000 personas a la finalización de 2022, no tienen en cuenta ni los datos del tercer trimestre de la EPA. Hablan de un incremento de la ocupación del 3,2%, de la generación de 100.800 puestos de trabajo y de cifras superiores a las de récord logradas en 2007. Poco o nada de estas previsiones entendemos si, solo en la actualidad, contamos ya con 3.280.600 personas ocupadas”, ha incidido.

“Tampoco creemos que estos Presupuestos vayan a ayudar a lograr el ansiado cambio de modelo productivo que precisa nuestra tierra. Por el contrario, mantiene su apuesta por una economía con un excesivo peso del sector terciario, y con graves déficits de innovación y de generación de valor añadido. Se contemplan unos ingresos de 4.921,5 millones de euros en recursos procedentes de la UE. Pero el Gobierno andaluz sólo ha contemplado 567,9 millones de euros de cofinanciación con recursos propios. Esto nos hace ver que deja las inversiones para Andalucía en manos de los fondos de la UE y del Estado”.

Castilla ha alertado de que “se continúa desmantelando el SAE, enmascarando una clara privatización de sus funciones a través del eufemismo de colaboración público-privada. Con la tasa de desempleo más alta de España, con la tasa de desempleo juvenil que tenemos…cómo es posible que se le disminuya casi un 50% el presupuesto”.

“El presupuesto del CARL se ha reducido de forma general en algo más de 3.000 euros respecto al presupuesto 2021, prorrogado en 2022. Teniendo en cuenta que la consejera de Empleo ha manifestado que debemos confeccionar un nuevo Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva más ambicioso, la dotación presupuestaria es del todo insuficiente”.

NO SE TOMAN MEDIDAS CONTRA LA SINIESTRALIDAD

Según Carmen Castilla, “la siniestralidad laboral se ha convertido en otra pandemia a erradicar con urgencia, sin embargo, las cifras que arrojan estos presupuestos están muy lejos de contener las soluciones que se necesitan de forma imperiosa para poner fin a este goteo incesante de muertes evitables. 109 personas han perdido ya la vida en el tajo en Andalucía. Y mientras, en el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales bajan, incluso, las inversiones reales. Cómo es posible que todas las recomendaciones que hacemos desde los sindicatos de clase para acabar con esta lacra, ni se escucha ni se contempla, como el fondo que hemos exigido para las familias que tiene a un accidentado con una discapacidad sobrevenida. Es que ni nos han contestado”.

“Hay asuntos sorprendentes, tanto como que el Plan CRECE Industria, aprobado en agosto de 2021, no contempla dotación económica. Hemos sido partícipes de él pensando que el gobierno iba a hacer una apuesta real. El Gobierno andaluz no puede decir que el referente de la política industrial en Andalucía es este Plan. Además, el presupuesto contempla un gran retroceso en la financiación del Sistema Universitario Público, haciendo una apuesta por las universidades privadas, como actualmente estamos debatiendo la aprobación de dos universidades privadas que no reúnen los mínimos estándares de calidad previstos en la nueva norma estatal. Existe un trasvase de fondos públicos al ámbito privado, la dotación de ayudas a proyectos I+D en el Sector Público de 1.292.429 euros, prácticamente lo mismo que las ayudas a proyectos I+D en el Sector Privado con 1.284.873 euros”, ha explicado.

Según Carmen Castilla, “la política de Gestión Medioambiental resulta insuficiente, a todas luces, si queremos que sea uno de los motores de lo que el presidente de la Junta ha denominado “Andalucía en verde”. Los aumentos en determinadas partidas principalmente proceden de ingresos finalistas del Estado, por lo que esperamos que se ejecuten y no se queden en el papel”.

ANDALUCÍA, LÍDER EN EXCLUSIÓN SOCIAL

La líder regional de UGT ha ensalzado que “Andalucía tiene una de las tasas más alta de pobreza y exclusión social, el 30,3%, pero encontramos con una aminoración de las partidas presupuestarias. Por ejemplo, en lo que respecta a la Renta Mínima, urge la necesidad y sin aplazamiento, de reforzar la dotación económica. Lo que se denota es una falta de voluntad del Gobierno de Andalucía para dar cobertura a las necesidades básicas y promover una mejora en las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza y/o exclusión”.

“Para resolver las listas de espera y el colapso en los Servicios Sociales Comunitarios, es necesario un refuerzo de profesionales en las corporaciones locales que vienen desempeñando sus funciones dentro de SAAD, llevando aparejado para ello, una ampliación de la dotación presupuestaria. Sin embargo, no se produce ningún incremento de dicha cuantía”.

“En cuanto a las políticas de Igualdad, las relacionadas con la violencia de género y la igualdad, vemos que hay más de 9 millones de euros menos que en el periodo anterior. Además, la Junta de Andalucía vuelve a excluir de sus objetivos la memoria democrática. Para 2023, la partida ha disminuido otro 5%, hasta una irrisoria cuantía de 1.306.544 euros”, ha explicado.

INVERSIONES EN SERVICIOS PÚBLICOS INSUFICIENTE

“Es necesario reforzar la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, la Justicia y como no la Administración General, es imprescindible y no lo vemos en estos presupuestos de 2023. Queremos expresar nuestra más absoluta repulsa por el nulo interés que en estas cuentas se ha puesto de manifiesto con el personal contratado del SAS, no es de recibo que, estando aún en plena pandemia, sin saber cuál será la evolución, en la sanidad las cargas de trabajo cada vez son mayores y recaen sobre unos profesionales agotados”.

“Nos preocupan los ejes marcados en política sanitaria al no consolidar los 12 mil profesionales del SAS que terminan sus contratos en este mes de diciembre. Lo que si queda claro es que no van a poder tener la estabilidad de una interinidad vacante y muy al contrario tendrán que seguir renovando por meses o a lo sumo un año. El gobierno se comprometió a devolver a la sanidad y a sus profesionales el sitio que les corresponde, con unos servicios de calidad e igualando en condiciones laborales a los profesionales con el resto del estado. De momento ni una cosa ni la otro está sucediendo”, ha señalado.

“Seguimos de movilizaciones en el sector de sanidad porque no se ha pagado la CRP, porque dice la consejería que los sanitarios han rendido menos, es para reflexionar”, ha señalado Castilla.

Respecto a educación, Castilla ha añadido que “sin aumento en las plantillas docentes no es posible la mejora del sistema educativo andaluz. Se está negociando en la Mesa Sectorial de Enseñanza el incremento retributivo de los docentes andaluces, un incremento que será a lo largo de varios ejercicios y por mucho que lo buscamos no aparece la dotación presupuestaria en 2023”.

PLAN PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LAS FAMILIAS Y SECTORES PRODUCTIVOS

Ante toda esta situación, ambos sindicatos han presentado hoy un “Plan para paliar los efectos de la inflación en las familias y sectores productivos”, un documento de propuestas para que, en paralelo y a corto plazo, se apuesten por medidas que devuelvan el poder adquisitivo perdido a las familias y salvaguarden, para el futuro, su capacidad de compra.

Algunos aspectos a destacar son la exigencia de un Bono Carestía 2022-2023 que permita pagar los suministros básicos; la agilización e incremento de la Renta Mínima; Complementar la bonificación de los transportes públicos hasta, al menos, el 60%; Recuperar la desgravación de las hipotecas y rentas de alquiler en el IRPF; Gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años y de los libros de texto a la educación infantil.

En definitiva, según señala Castilla “apostamos por un plan que nos ayude a minorar los efectos de la inflación sobre las familias y pymes andaluzas, apostando por la mejora salarial, el reforzamiento del escudo de protección social, el refuerzo de nuestro modelo productivo y el incremento de los derechos sociales, laborales y económicos. Contra la inflación más salario, más derechos, más justicia social”.

 

Descarga el documento "PLAN PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LAS FAMILIAS Y SECTORES PRODUCTIVOS"

 

Documento de Valoración de UGT Andalucía de los Presupuestos 2023

 

Audio rueda de prensa Carmen Castilla