UGT Andalucía

“El pacto social y económico no es solo una necesidad, sino una oportunidad para demostrar que el diálogoy el consenso pueden ser las herramientas más poderosas para construir un futuro mejor para todos los andaluces. Para UGT Andalucía, la vía más sencilla podría ser convocar movilizaciones, un camino que conocemos bien y que no dudaremos en tomar, si fuera necesario. Sin embargo, creemos firmemente en la importancia de la negociación”, ha señalado.

“Es imposible no valorar de manera positiva algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Junta de Andalucía y que formaban parte de esa primera batería de medidas urgentes, sirva como ejemplo el complemento de otro 30%, al 30% estatal en la bonificación del transporte público, la firma del Pacto por la Atención Primaria, a pesar de que esa firma solo era el primer paso y no el objetivo real de la misma que era la de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, sobre todo la reducción de las listas de espera, y de los profesionales sanitarios, o el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, que a pesar de estar en marcha presenta un importante desfase temporal entre las medidas incluidas, hasta el punto de que alguna de ellas de gran importancia, como la Unidad Móvil, ni siquiera está en macha, aunque nos han comunicado que empieza a funcionar a finales de este mes”, ha explicado.

“Sin embargo, no podemos olvidar que en muchos aspectos no se está cumpliendo con el matiz de la premura que se les presuponía a unas medidas calificadas como urgentes. Es cierto que existen borradores del Bono Carestía, del Plan de Empleo Juvenil o de la propia Ley de Participación Institucional pero, a nuestro juicio, son cuestiones estas de gran “calado” y que ya tenían que estar puestas en marcha. Solo a modo de ejemplo, el compromiso con la Ley de Participación Institucional era de haber iniciado el trámite parlamentario en el primer semestre de 2023”.

Según Martín, “tampoco podemos estar conforme con la forma de ejecutar el Pacto llevada a cabo por el Gobierno Andaluz y que, en muchos de los casos, se limita a ejecutar unilateralmente las medidas, sin haber sido trabajadas y menos aún consensuadas en el seno de las Mesas de Trabajo diseñadas para la ejecución del Pacto. Ejemplos claros de esto son las ayudas a las pymes para hacer frente al sobrecoste de la energía, las subvenciones para la transformación y mejora de la competitividad industrial, la financiación no reembolsable para pymes y autónomos o las medidas diseñadas para dotar a nuestra tierra de la necesaria seguridad hídrica. En este último caso, un total de cuatro han sido los decretos de sequía aprobados por el Ejecutivo Central de los que hemos tenido constancia una vez aprobados por el Consejo de Gobierno, anunciado en los medios de comunicación o publicados en el BOJA”.

“También tenemos que ser críticos con medidas de las que no tenemos información alguna de su funcionamiento, como es el caso de las garantías hipotecarias, aunque está claro que no ha sido publicitada como esperábamos. Medidas que entendemos están sin ni tan siquiera iniciar, como la dotación de un espacio para la salud mental de los menores, algo realmente urgente en la sociedad en la que nos encontramos. Y medidas que sólo nos han dicho en que marco se pretende encuadrar y, aquí nos queremos poner muy serios ya que es el caso del Bono Familia, un elemento fundamental del Pacto y tan urgente que tenía que servir para ayudar a la ciudadanía andaluza a hacer frente a los perversos efectos del ciclo inflacionista”, ha señalado.

“En definitiva, luces y sombras en la ejecución de las medidas que también son trasladables al estado de funcionamiento de las Mesas de Trabajo y de Diálogo Social diseñadas para la ejecución y seguimiento del propio Pacto”.

“En este sentido, se nos está convocando y estamos pudiendo participar en las Comisiones Locales y Provinciales contra la Violencia de Género o en la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Minería Sostenible en Andalucía. Pero, por el contrario, no tenemos constancia de la puesta en marcha de otros órganos muy importantes como la Mesa de Diálogo para la Coordinación Sanitaria, la Mesa de Seguimiento del Plan Estratégico de Juventud, el Grupo de Trabajo de Derecho Humano al Agua o la Mesa de Expertos de la Industria en Andalucía”.

“También tenemos el ejemplo de mesas como la de Diálogo Social de Vivienda que, aunque iniciada apenas si ha contado con trabajo alguno. Así como otras que su funcionamiento está muy lejos de corresponderse con esa idea de Gobernanza y de trabajo en común para la que fueron concebidas. En este sentido, meramente informativas están siendo la del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, la de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión; Zonas Desfavorecidas, Inmigrantes, Menores, Personas con Discapacidad o el propio Comité de Análisis de Fondos Europeos que, aunque funcionando, nos sirve únicamente para conocer la información que desde la Administración se nos quiere dar y que, en muchas ocasiones, es escasa, tardía e incluso sesgada e incompleta”.

Finalmente, Oskar Martín ha manifestado que “nos gustaría poder valorar mucho más positivamente este primer año del Pacto pero, desde los primeros trabajos para la elaboración del mismo pusimos sobre la mesa que íbamos a ser muy estrictos en el seguimiento de la puesta en marcha de las actuaciones porque, a nuestro juicio, ese era nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra, el de velar por el que sus derechos e intereses fueran desarrollados y tomados en consideración en la ejecución del Pacto”, ha señalado.