Se acaba de aprobar el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía. En su artículo 8, ha modificado la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de Igualdad de Género en Andalucía.

En este decreto, con la excusa de simplificar, se ha desmantelado un organismo especializado que es la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyos dos objetivos primeros eran: por un lado, emitir el informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio y por otro lado, promover el objetivo de igualdad de género en las políticas públicas de ingresos y gastos de la Junta de Andalucía, impulsando y fomentando la elaboración, con perspectiva de género, de anteproyectos de los estados de ingresos y de gastos en las diversas Consejerías y de recursos y dotaciones de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.

Con lo que se ha suprimido la obligación que tenía la Cámara de Cuentas de incorporar un informe con la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos de la Junta de Andalucía  (así no vemos en qué afectan los recortes),  la supresión de las auditorías de género en las consejerías y entidades instrumentales de la Administración de la Junta y el impulso de la aplicación de la perspectiva del enfoque de género en el plan de auditorías de cada ejercicio, que según la exposición de motivos de este Decreto “han de ser sustituidas por la evaluación de todos los objetivos e indicadores del Presupuesto, con una visión completa e integradora de aquellos que son referentes a la consecución de los objetivos de igualdad, de la infancia, de la sostenibilidad o de cualquier otro objetivo general o instrumental”

Son premisas internacionales avaladas por normativas mundiales, europeas y estatales que para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas primero hay que incluir la perspectiva de género en las políticas y en los presupuestos, como estos afectan de forma diferenciada a mujeres y a hombres, debe haber organismos especializados que la promuevan, hay que garantizar que los presupuestos y las políticas contemplen esta perspectiva, y además, comprobar que en su aplicación se haya tenido en cuenta, es decir, el impacto de género o la afectación a la igualdad que tienen en su aplicación.

La modificación a la ley andaluza de igualdad ha sido el primer paso para no tener en cuenta ni en los presupuestos ni en las distintas políticas de la Junta las necesidades, las realidades y la afectación de las políticas a la mitad de su población, que son las mujeres, ustedes valoren.

Otra modificación que rechazamos y también introduce este decreto afecta a los planes de igualdad en Andalucía, de forma que en aquellas empresas privadas no obligadas a la elaboración de planes de igualdad por ley, es decir las de menos de 50 personas en plantilla que son casi la mayoría de las empresas de nuestra comunidad autónoma, se elimina la necesidad de contemplar medidas para el acceso al empleo, la promoción, la formación, la igualdad retributiva, medidas para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, la protección frente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como incluir criterios y mecanismos de seguimiento, evaluación y actuación, dejando en una indefinición el contenido de estos planes, y por lo tanto dejando sin efecto su objetivo. Habría que valorar si esto contraviene lo que se establece en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y en los dos Reales Decretos 901 y 902/2020 donde se desarrollan los planes de igualdad, y la igualdad salarial a nivel estatal.

Nos parece irónico que por un lado se conmemore el día por la igualdad salarial el 22 de febrero y el día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, por parte de la Junta de Andalucía, cuando a su vez el gobierno andaluz promueve normativas restrictivas contra la igualdad. UGT Andalucía contra cualquier medida que suponga un retroceso para las mujeres en Andalucía.