La sociedad civil, los sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones ciudadanas, culturales y políticas de toda Europa, también en todo el Estado Español, saldrán a  la calle el próximo sábado 21 de enero con el objetivo de parar el CETA, el Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá, también conocido como el "TTIP canadiense".

Está previsto que el próximo 14 de febrero, en Estrasburgo, el pleno del Parlamento Europeo vote la ratificación del CETA. En caso de resultar positiva esta ratificación, amplias secciones de este acuerdo comercial y de inversiones se aplican provisionalmente, incluso antes de que sea votado para su confirmación final en los distintos parlamentos nacionales de los 28 miembros de la UE.

Pero antes de esta votación decisiva varias comisiones parlamentarias tienen que expresar y votar su opinión sobre el tratado. En diciembre la resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales-EMPL ha recomendado votar en contra del CETA. Sin embargo, la Comisión de Medioambiente-ENVI celebrada el pasado jueves 12 de enero respaldó el CETA. El próximo 24 de enero será la Comisión de Comercio Exterior-INTA quien tenga que definirse sobre el tratado.

Por este motivo, la Campaña NO al TTIP ha estado manteniendo numerosos contactos con europarlamentarias/os españoles y celebrando reuniones con representantes de algunas fuerzas políticas en el Parlamento Europeo.

La Campaña ha constatado la profunda división interna en los grupos socialdemócrata (S&D) y demócrata-liberal (ALDE), donde diversos europarlamentarias/os han votado en contra de este tipo de acuerdos y han expuesto sus preocupaciones ante los graves peligros que implica la aplicación de este tratado en aspectos como el empleo, el sector agrícola, el principio de precaución, los servicios públicos o la futura cooperación reguladora.

La Campaña No al TTIP ha expuesto a las/los europarlamentarias/os españoles que el texto del CETA y la "declaración interpretativa" que la acompaña supone:

·         El CETA supone la aceptación de que las empresas multinacionales puedan demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Este acuerdo     consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente.

·         En el texto de este acuerdo el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.

·         El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.

·         El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.

·         Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá.

·         El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.

·         Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.

·         Tanto en Canadá como en la Unión Europea, el CETA expondría a los agricultores a más presión debido a la competitividad comercial, lo que supondría una debilitación de este sector, así como un mayor impedimento para las políticas de compra pública de promoción de productos de cercanía, amenazarían los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.

·         El CETA pone en grave riesgo el principio de precaución consagrado en el Tratado de la UE, principio que protege a los consumidores, la salud pública y al medio ambiente.

En la provincia de Cádiz os esperamos el próximo sábado en el Puerto de Santa María. Dando inicio la manifestación en la estación de Renfe  a las 12 horas y finalizando en el Ayuntamiento.

Os esperamos!