Aunque el sistema mejora algunos de sus indicadores, miles de personas continúan sin recibir la atención que necesitan dentro de los plazos establecidos por la ley.

Los datos reflejan una evolución favorable. Entre enero y junio, 17.971 personas comenzaron a recibir una prestación, se concedieron 35.360 nuevas prestaciones y el tiempo medio de tramitación se redujo en 61 días, pasando de 496 a 435 días.

Sin embargo, el sistema continúa siendo incapaz de absorber el incremento de la demanda. Durante el primer semestre se registraron 13.835 nuevas solicitudes, mientras que únicamente se resolvieron 8.720 valoraciones, lo que provoca que la lista de personas pendientes de reconocimiento siga creciendo.

A 30 de junio, 19.786 personas permanecían a la espera de que se reconociera su situación de dependencia, lo que supone 5.115 más que al cierre de 2025. Además, 17.875 personas llevaban esperando más de seis meses, incumpliéndose el plazo máximo previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Para UGT Andalucía, el dato más preocupante sigue siendo el tiempo de espera. Aunque la reducción de 61 días supone un avance, 435 días de media continúan siendo un plazo inaceptable para personas mayores, personas con discapacidad y familias que necesitan apoyos para desarrollar una vida digna. Detrás de cada expediente hay personas que ven retrasada su autonomía y familias que asumen en solitario unos cuidados que corresponden al sistema público.

El sindicato considera que el incremento extraordinario de financiación aprobado por el Gobierno de España representa una oportunidad para transformar esta situación.

Ahora corresponde a la Junta de Andalucía aprovechar esos recursos y complementarlos con una financiación suficiente que permita reforzar los equipos de valoración y tramitación, ampliar los servicios públicos y reducir de forma efectiva las listas de espera.

UGT Andalucía recuerda además que la mejora del sistema pasa también por fortalecer el empleo en el sector de los cuidados.

La calidad de la atención está directamente relacionada con las condiciones laborales de quienes la prestan. Por ello, reclama aumentar las plantillas, impulsar la estabilidad laboral, mejorar las condiciones de trabajo y reconocer el papel esencial que desempeñan las y los profesionales de la dependencia.

El sindicato insiste en que el objetivo no puede limitarse a mejorar las estadísticas. La prioridad debe ser garantizar que cualquier persona que tenga reconocido este derecho reciba la atención que necesita en tiempo y forma.

Reducir las listas de espera, reforzar los servicios públicos y dignificar el empleo en el sector de los cuidados son condiciones imprescindibles para construir un sistema de dependencia eficaz, accesible y centrado en las personas.

Porque la dependencia no puede esperar. Invertir en cuidados es invertir en derechos, en igualdad, en empleo de calidad y en una sociedad que protege a quienes más apoyo necesitan.