En este sentido, el sindicato señala como aspectos prioritarios la necesidad de contar con un parque público de viviendas que sea suficiente como para garantizar el realojo a personas en situación de vulnerabilidad que se vean afectadas por un lanzamiento hipotecario o por impago de alquiler. Al respecto, y para evitar estos desahucios que contravienen la carta de derechos humanos, plantean el establecimiento de mayores restricciones de las existentes, basadas en una suspensión temporal del lanzamiento, con diferentes plazos según la condición del demandante, ya sea pequeño o gran tenedor.

Otro de los aspectos importantes para UGT tiene que ver con los incentivos fiscales en el IRPF para los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. En este sentido, estas bonificaciones deben ser modificadas en aras de cumplir con la función social que debe tener la vivienda, de manera que dichas bonificaciones estén orientadas a aquellas viviendas con precios de alquiler situados en unos límites razonables y accesibles para población que viven de alquiler en las denominadas como zonas residenciales de mercado tensionado. 

Además de las enmiendas en torno a la garantía del derecho a la vivienda, UGT, junto con CCOO, también sitúa el foco en otros aspectos claves que debería incorporar la ley, como son las cuestiones relacionadas con el amianto, una sustancia cancerígena que ha afectado a trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la construcción y la reforma de viviendas.

Por esta razón, la próxima ley de vivienda debería incorporar las herramientas necesarias para asegurar la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan. Para ello, es imprescindible que la ley contemple la catalogación de edificios que contengan amianto para que tanto propietarios como inquilinos puedan saber de la presencia de este componente en sus viviendas.

Por último, y en relación a la creación del Consejo Asesor de la Vivienda previsto en el proyecto de ley, reclamamos que estemos presentes los agentes sociales, por ser las organizaciones sindicales más representativas en el país, así como que el consejo pueda encargarse de elaborar indicadores de evaluación que permitan medir de forma adecuada e independiente si las ayudas y políticas públicas están siendo efectivas.