UGT Andalucía ha comparecido este martes en el Parlamento de Andalucía para expresar su respaldo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público andaluz, promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas y respaldada por miles de firmas ciudadanas.

En representación del sindicato han intervenido Rafa Gelo, secretario de Institucional de UGT Andalucía, y Antonio Macías, de UGT Servicios Públicos Andalucía, quienes han defendido la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan recuperar la calidad asistencial, reforzar los servicios públicos y garantizar unas condiciones laborales dignas para los profesionales que sostienen diariamente el sistema sanitario.

Durante la comparecencia, UGT Andalucía ha agradecido el trabajo desarrollado por la Coordinadora de Mareas Blancas y por los miles de personas que han hecho posible que esta iniciativa llegue al Parlamento, destacando que representa una oportunidad para afrontar los problemas estructurales que atraviesa la sanidad andaluza.

El sindicato ha mostrado su apoyo a la iniciativa al considerar que la sanidad pública constituye una de las principales herramientas de igualdad y cohesión social de Andalucía.

«La salud de una persona, el tiempo de espera para una prueba o la posibilidad de superar una enfermedad no pueden depender jamás de la cuenta bancaria, de la renta familiar ni del código postal en el que se resida», ha defendido UGT durante su intervención.

La organización sindical ha estructurado sus propuestas en cuatro ejes fundamentales: el fortalecimiento de la Atención Primaria, la mejora de los recursos destinados a salud mental, la dignificación del empleo público sanitario y la implantación de mecanismos de evaluación y transparencia que permitan conocer los resultados reales de las políticas sanitarias.

 

Recuperar la Atención Primaria como eje fundamental del sistema sanitario

UGT Andalucía ha advertido de que la calidad asistencial no puede medirse únicamente a través de anuncios institucionales o cifras estadísticas, sino que debe reflejarse en la capacidad real del sistema para atender a la ciudadanía en condiciones de seguridad, continuidad y equidad.

En este sentido, ha denunciado la situación de numerosos centros de salud, donde conseguir una cita médica puede suponer esperas de entre diez y catorce días, una realidad que termina desplazando a parte de la población hacia la sanidad privada o incrementando la presión sobre los servicios de urgencias hospitalarias.

Para el sindicato, estas dificultades evidencian la necesidad de reforzar las plantillas, garantizar la estabilidad de los profesionales y recuperar el carácter preventivo y comunitario de la Atención Primaria.

UGT ha recordado que la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía ya contempla instrumentos para impulsar la salud comunitaria y la participación ciudadana, por lo que ha reclamado su aplicación efectiva.

Asimismo, ha respaldado la propuesta recogida en la ILP para crear Consejos de Salud en los centros sanitarios, con participación de profesionales, ayuntamientos y colectivos vecinales, que permitan reforzar el seguimiento y el control de la gestión.

«La Atención Primaria tiene que volver a ser el corazón preventivo del sistema, no un dique de contención agotado», ha trasladado la organización sindical.

 

La salud mental, una emergencia social que requiere más recursos públicos

Otro de los asuntos centrales de la comparecencia ha sido el deterioro de la atención a la salud mental y las desigualdades que provoca la falta de recursos suficientes.

Según los datos recogidos en la intervención sindical, procedentes de la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 y de la Encuesta Andaluza de Salud, casi el 20% de la población andaluza percibe su salud mental como regular o mala, mientras que la depresión diagnosticada afecta al 8% de la ciudadanía.

UGT ha puesto especialmente el foco en la desigualdad de género, señalando que el malestar psicológico afecta al 23% de las mujeres frente al 13% de los hombres, así como en la brecha socioeconómica que sufren los hogares con menores ingresos.

La organización también ha destacado que las unidades del Servicio Andaluz de Salud atienden anualmente a cerca de 195.000 niños, niñas y jóvenes por problemas de salud mental, con los trastornos de ansiedad entre las principales causas de atención.

A juicio del sindicato, la insuficiencia de profesionales y recursos especializados está provocando que muchas personas tengan que afrontar esperas de entre seis y nueve meses para recibir atención psicológica en el sistema público.

Esta situación, ha advertido UGT, genera una desigualdad evidente entre quienes pueden costear una consulta privada y quienes dependen exclusivamente de la sanidad pública.

Por ello, ha respaldado la modificación del artículo 18 de la Ley de Salud planteada en la ILP, con el objetivo de potenciar los recursos ambulatorios y establecer un equipo interdisciplinar de salud mental por cada Zona Básica de Salud, incorporando profesionales de psicología clínica y enfermería especializada a la atención comunitaria.

 

UGT reclama mejoras salariales, estabilidad y condiciones laborales dignas para los profesionales sanitarios

La defensa del empleo público ha constituido otro de los principales bloques de la intervención sindical. UGT Andalucía ha recordado que el Servicio Andaluz de Salud cuenta con más de 120.000 profesionales, entre personal médico, de enfermería, técnico, auxiliar, administrativo, de mantenimiento y servicios generales, que hacen posible el funcionamiento diario de la sanidad andaluza.

Sin embargo, ha denunciado que una parte importante de estas plantillas soporta una elevada carga asistencial, condiciones laborales exigentes y situaciones de precariedad que afectan tanto a su bienestar como a la calidad de la atención que recibe la ciudadanía.

«No puede haber una sanidad pública de calidad sin un empleo público de calidad», ha defendido UGT, insistiendo en que resulta insostenible mantener el sistema a costa de la salud física y psicológica de sus profesionales.

Entre sus reivindicaciones, el sindicato ha reclamado una revisión de los incentivos y complementos retributivos, la resolución de las reclasificaciones profesionales pendientes y la recuperación de los derechos económicos afectados en las pagas extraordinarias.

Asimismo, ha planteado la necesidad de revisar las compensaciones por guardias, nocturnidad y trabajo en festivos, establecer la exención voluntaria de turnos nocturnos a partir de los 55 años y reconocer económicamente la dispersión geográfica.

UGT también ha reclamado mejoras en la organización de los turnos, los tiempos de descanso, la movilidad profesional y la estabilidad de las plantillas, especialmente en aquellos centros situados en zonas periféricas o con mayores dificultades para cubrir plazas.

Durante la comparecencia, la organización ha denunciado además situaciones de profesionales temporales que se ven obligados a renunciar a contratos o incluso a dormir en sus vehículos ante la imposibilidad de afrontar el coste del alojamiento en determinadas zonas de Andalucía.

Para el sindicato, estas circunstancias reflejan la conexión directa entre precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda y deterioro de los servicios públicos, cuestiones que forman parte de las reivindicaciones de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

 

Transparencia y evaluación independiente de la gestión sanitaria

UGT Andalucía ha reclamado también una mayor transparencia en la gestión de los recursos sanitarios y en los resultados de las políticas públicas.

La organización considera imprescindible que la ciudadanía conozca los datos reales de las listas de espera, las cargas de trabajo de los profesionales y el destino de los recursos económicos empleados en conciertos y derivaciones a entidades sanitarias privadas.

En este sentido, ha recordado que la legislación andaluza en materia de transparencia, administración pública y salud establece obligaciones relacionadas con la evaluación de los servicios y la publicación de sus resultados.

El sindicato ha defendido la necesidad de impulsar mecanismos de evaluación formal, transparente e independiente, contando con el Instituto Andaluz de Administración Pública, que permitan valorar la eficacia de los planes sanitarios y comprobar si las inversiones realizadas se traducen en mejoras reales para la ciudadanía.

«Basta de opacidad; tenemos derecho a conocer las listas de espera reales, las cargas de trabajo de las plantillas y el destino de cada contrato con entidades privadas», ha reclamado UGT.

 

Un gran pacto por la sanidad pública andaluza

Como conclusión de su comparecencia, UGT Andalucía ha reiterado su propuesta de alcanzar un gran pacto por la sanidad pública andaluza, basado en el diálogo social y en compromisos estables que garanticen la recuperación de la calidad asistencial.

El sindicato considera que este acuerdo debe sustentarse en una financiación pública suficiente y estable, ajustada a las necesidades demográficas y territoriales de Andalucía; objetivos asistenciales claros, especialmente en Atención Primaria y salud mental, sujetos a evaluación pública; y la mejora de las condiciones laborales mediante la negociación colectiva.

UGT ha advertido de que la aprobación de una norma, por sí sola, no garantiza cambios efectivos si no va acompañada de financiación, voluntad política y participación de los agentes sociales.

Por ello, ha apelado a los grupos parlamentarios para que aprovechen la tramitación de esta Iniciativa Legislativa Popular como una oportunidad para reforzar el sistema sanitario público y responder a las necesidades de la ciudadanía y de sus profesionales.

«Defender la sanidad pública es cuidar de nuestros pacientes, pero también es respetar y dignificar a quienes los atienden cada día», ha concluido la organización sindical, reiterando su compromiso con una sanidad cien por cien pública, de calidad, accesible y con empleo digno.