Los avales públicos son una buena medida, pero no pueden servir para enriquecer a los bancos a costa de las arcas públicas
Para UGT Andalucía, es necesario hacer ajustes en la iniciativa como condicionar el acceso a los préstamos al mantenimiento de las plantillas, fijar un tipo de interés máximo y establecer criterios de reparto territoriales y sectorizados.
Nada más ser anunciada la medida por parte del Ejecutivo Central, 20.000 millones de euros destinados a avalar casi el 80% de los préstamos que vayan a necesitar las empresas para hacer frente a las dificultades provocadas por la expansión del coronavirus, la gran patronal de las entidades financieras se apresuró a dar la bienvenida a la iniciativa y a mostrar la más absoluta predisposición de sus representados a colaborar con la misma.
Las entidades financieras españolas podrán conceder préstamos a las empresas utilizando un aval público que puede llegar incluso a superar el 70% del importe, las entidades financieras querían elevar este porcentaje hasta el 90%, con un coste que puede ser incluso de solo un 0,20% por la utilización del mismo pero sin que se limite el tipo de interés máximo a aplicar a sus clientes. El negocio parece evidente y, en esos términos, claro que la patronal bancaria querrá asegurar el mantenimiento de la actividad productiva.
Desde UGT Andalucía, entendemos que es una medida necesaria para aportar liquidez a las empresas, preservar la actividad productiva e intentar mantener los puestos de trabajo pero, para que resulte efectiva, sobre todo para este ‘ultimo objetivo, es preciso incorporar una serie de ajustes y modificaciones. Entre ellas, desde nuestro Sindicato abogamos por:
Elevar el porcentaje de avales dirigidos a los créditos concedidos a PYMES y autónomos por encima del 50% de los mismos establecido en la iniciativa. Nuestras PYMES y trabajadores autónomos además de ser la base fundamental de nuestro tejido productivo son los que más está sufriendo las consecuencias económicas de esta pandemia y, por lo tanto, los que tienen que tener acceso real a esta medida. Las grandes empresas, las multinacionales, las del Ibex 35, rara vez tienen problemas de liquidez.
Es imprescindible condicionar el acceso a esta iniciativa al mantenimiento íntegro de las plantillas y llevar a cabo un mayor esfuerzo en materia de inspección de trabajo, para que ninguna de las empresas beneficiadas lleven a cabo despidos ni durante el periodo de amortización del préstamo ni durante los siguientes 24 meses.
Para un mejor reparto de los beneficios de la iniciativa al conjunto del territorio estatal y de actividades productivas, evitando que los mismos se concentren en algunas zonas y solo en algunos sectores, es necesario establecer dos tipos de criterios de reparto. El primero de ellos puramente territorial, estableciendo un baremo en el que incluir, además de indicadores puramente laborales y económicos, otros relativos a la expansión de la enfermedad. El segundo de los criterios de reparto debe ir encaminado a avanzar en el cambio de modelo productivo, intentando que sean nuestras pymes industriales e innovadoras las más beneficiadas de esta iniciativa.
Es imprescindible topar el tipo de interés máximo que pueden aplicar las entidades financieras que se acojan a esta iniciativa. En un primer momento podríamos entender que estos préstamos tendrían que ser concedidos a un tipo cero pero, comprendiendo que la utilización de los mismos conlleva un coste para las entidades financieras, entre el 0,20% y el 1,20%, este pues debería ser el tipo máximo a aplicar a los clientes de las entidades financieras, el mismo que tengas que pagar estas.
No es que dudemos de la buena voluntad de la banca, ni que pongamos en tela de juicio su deseo de hacer que "ninguna empresa solvente vaya a tener problemas de liquidez ni de financiación" , como anuncia la patronal bancaria, estas empresas no suelen tener nunca problemas de acceso a financiación externa, es que nuestro Sindicato es un firme defensor de la necesidad de incrementar el peso de lo público en el sector financiero por lo que, solicitamos un mayor y estricto control, por parte del ICO, de todo lo relativo a la implantación, seguimiento y control de estos avales públicos.
En definitiva, UGT Andalucía valora positivamente la intención del Ejecutivo Central y los objetivos planteados con la medida, pero cree necesaria la incorporación de todas estas aportaciones para que, como las propias entidades financieras dicen, "ellas estén aquí para garantizar la supervivencia de las empresas". Si a ello le añadimos también el mantenimiento del empleo, el objetivo sería así compartido.