Para UGT, la aprobación de esta iniciativa constituye un reconocimiento explícito de una realidad incontestable: incluso entre quienes durante años estuvieron obligados o incentivados a permanecer en sistemas alternativos de previsión social, el modelo por el que finalmente optan y en el que confían para garantizar una pensión digna es el sistema público de Seguridad Social.
La posibilidad de integrar en el RETA a miles de mutualistas que han visto cómo las prestaciones derivadas de sus mutualidades resultaban claramente insuficientes constituye una buena noticia y una respuesta necesaria a una situación que no debió haberse producido. La existencia de pensiones de cuantía muy reducida, alejadas de los estándares mínimos de dignidad que deben presidir cualquier sistema de protección social, evidencia el fracaso del modelo de mutualidades como alternativa al sistema público. Numerosos profesionales han protagonizado durante años movilizaciones reclamando precisamente una solución que les permitiera incorporarse al sistema público de pensiones.
La ampliación del ámbito subjetivo de la pasarela aprobada por el Congreso, eliminando algunas de las restricciones inicialmente previstas y permitiendo el acceso a un número significativamente mayor de mutualistas, supone un avance relevante que UGT valora favorablemente. Sin embargo, el sindicato considera que la ley debe mejorar sustancialmente durante su tramitación en el Senado.
UGT entiende que la integración de los mutualistas en el sistema público debería llevar aparejada la desaparición de las mutualidades como entidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Resulta contradictorio reconocer mediante esta ley que miles de profesionales necesitan incorporarse al sistema público para garantizar una protección adecuada y, simultáneamente, mantener la posibilidad de que las mutualidades sigan funcionando en el futuro como un mecanismo alternativo al mismo.
A juicio de UGT, las mutualidades deberían evolucionar hacia el papel que les corresponde en un sistema moderno de protección social: actuar como entidades aseguradoras privadas o como instrumentos complementarios de ahorro previsional que permitan mejorar las prestaciones públicas, pero nunca sustituirlas. La experiencia acumulada durante décadas demuestra, como ha ocurrido en este caso, que el sistema público de Seguridad Social ofrece mayores garantías de suficiencia, solidaridad y sostenibilidad que cualquier mecanismo alternativo basado exclusivamente en la capitalización individual.
La permanencia del régimen alternativo supone el riesgo de reproducir en el futuro los mismos problemas que han obligado ahora a articular esta pasarela excepcional. Si la finalidad de la ley es corregir una situación de insuficiente protección social, la respuesta no puede consistir en mantener intactos los elementos que la han generado.
Por otra parte, UGT considera que la tramitación parlamentaria ha puesto de manifiesto una contradicción difícilmente comprensible para cientos de miles de personas trabajadoras. Mientras el sistema público está demostrando capacidad y voluntad para acoger situaciones que refuerzan su papel vertebrador y protector, el Congreso ha rechazado una iniciativa destinada a corregir la situación de quienes acreditan más de cuarenta años de cotización y, pese a ello, continúan soportando coeficientes reductores permanentes en sus pensiones por haberse visto obligados anticipadamente a la jubilación.
UGT quiere recordar que detrás de esta reivindicación se encuentran personas que comenzaron a trabajar a edades muy tempranas, que han contribuido al sostenimiento del sistema durante más de cuatro décadas y que se vieron obligadas a abandonar el mercado de trabajo por causas ajenas a su voluntad. Mantener penalizaciones permanentes sobre sus pensiones supone una situación difícilmente compatible con el principio de contributividad y con el reconocimiento debido al esfuerzo realizado durante toda una vida laboral.
Por ello, el sindicato considera que el Senado y, en su caso, el Congreso de los Diputados, deberían aprovechar la continuación de la tramitación parlamentaria para estudiar fórmulas que permitan mejorar la situación de las personas con largas carreras de cotización afectadas por la jubilación anticipada involuntaria.
La defensa del sistema público de pensiones exige incorporar a quienes han quedado insuficientemente protegidos por modelos alternativos, pero también reconocer el esfuerzo de quienes han contribuido durante décadas a sostenerlo. Ambas cuestiones responden a un mismo principio: fortalecer un sistema público basado en la solidaridad, la suficiencia de las prestaciones y el reconocimiento efectivo de las carreras de cotización de las personas trabajadoras.
UGT continuará defendiendo durante la tramitación de esta ley que el futuro de la protección social en España pasa por reforzar el sistema público de Seguridad Social, garantizar pensiones suficientes para todas las personas y evitar que vuelvan a reproducirse situaciones que obliguen a rescatar, años después, modelos que han demostrado sus limitaciones.
