Para el sindicato, el reconocimiento legal de este derecho resulta insuficiente si las mujeres encuentran obstáculos para ejercerlo dependiendo del lugar en el que residan. Por ello, UGT Andalucía reclama un acceso equitativo en todo el territorio y que la sanidad pública cuente con los medios y recursos necesarios para garantizar la prestación.

Los últimos datos oficiales ponen de manifiesto la enorme brecha existente entre comunidades autónomas. El informe del Ministerio de Sanidad “Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad”, publicado en octubre de 2025 y referido a los datos de 2024, señala que mientras Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra realizan más del 75% de las IVE en centros públicos, en once comunidades y ciudades autónomas ese porcentaje no alcanza el 10%.

Andalucía se encuentra en el extremo de esta desigualdad: solo el 0,03% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizó en centros públicos y el 99,97% en centros privados. Una situación que evidencia que la prestación de la IVE continúa prácticamente fuera de la red sanitaria pública andaluza.

La tasa de IVE en Andalucía se situó en 12,67 interrupciones por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, ligeramente por encima de la media nacional, establecida en 12,36. Para UGT Andalucía, el problema no reside, por tanto, en la existencia del derecho, sino en las condiciones en las que las mujeres andaluzas pueden ejercerlo y en la práctica ausencia de esta prestación dentro de la red pública.

A las diferencias entre comunidades se suman además importantes desigualdades territoriales dentro de la propia Andalucía. La concentración de la prestación en centros privados obliga a recurrir sistemáticamente a derivaciones y, en determinados territorios, puede implicar desplazamientos para las mujeres que necesitan ejercer este derecho. Especialmente significativa es la situación de provincias como Jaén, donde la falta de recursos para realizar la prestación obliga a desplazarse fuera de la provincia.

UGT Andalucía recuerda que el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ha experimentado importantes avances desde la reforma del Código Penal de 1985, posteriormente ampliados mediante la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y reforzados con su reforma de 2023.

Esta última modificación reforzó precisamente la obligación de los poderes públicos de garantizar el acceso a la IVE en condiciones de igualdad y estableció que las administraciones sanitarias deben organizar sus servicios para asegurar esta prestación.

Por ello, UGT Andalucía denuncia cualquier obstáculo que dificulte el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y rechaza las iniciativas políticas dirigidas a restringirlos. El sindicato reclama que las administraciones públicas cumplan la legislación vigente y destinen los recursos humanos, sanitarios y organizativos necesarios para que ninguna mujer vea condicionado su derecho por su código postal o por la ausencia de medios en la sanidad pública.

UGT Andalucía valora asimismo el avance del proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de abril y remitido a las Cortes Generales, que plantea incorporar expresamente la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva.

En este 28 de septiembre, UGT Andalucía reivindica que el aborto legal debe ser también seguro, accesible y efectivamente garantizado desde la sanidad pública. El lugar de residencia no puede determinar el acceso de una mujer a sus derechos sexuales y reproductivos.