La secretaria de Organización de UGT Andalucía, María del Mar Serrano y la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, han participado en la presentación de esta iniciativa, que surge en un contexto de “emergencia habitacional” marcado por el encarecimiento sostenido de los precios tanto de compra como de alquiler, la expansión de las viviendas de uso turístico y la insuficiencia del parque público de vivienda.

Durante su intervención ante los medios, Maribel Román ha subrayado la necesidad de “equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda”, recordando que, aunque se trata de un bien patrimonial, “es fundamental dar un giro de 180 grados para situar la vivienda como un elemento esencial para cualquier proyecto de vida”.

Román ha advertido de que muchas familias destinan actualmente más del 30% e incluso del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que compromete seriamente su estabilidad económica. En este sentido, ha defendido que “es imprescindible una intervención integral de las administraciones públicas para construir más vivienda, pero, sobre todo, que sea accesible”, garantizando que las unidades familiares no tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de actuar sobre los factores que tensionan el mercado, apostando por “poner límites a la proliferación de viviendas turísticas, movilizar las viviendas vacías y dotar de instrumentos financieros eficaces, como el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, que permita equilibrar la situación actual”.

La ILP plantea un cambio de paradigma en las políticas de vivienda al considerar este derecho como un servicio de interés general y no como un mero bien de mercado. Desde esta perspectiva, la propuesta sitúa el derecho a la vivienda en el centro de la acción pública y establece como objetivo prioritario garantizar que su coste no supere el 30% de los ingresos familiares.

Entre las principales medidas recogidas en la iniciativa se encuentra el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativas, así como la declaración de zonas tensionadas donde sea necesario para intervenir en el mercado y contener los precios.

Asimismo, la ILP contempla el impulso decidido del parque público de vivienda, el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar viviendas vacías, favoreciendo su incorporación al mercado con fines sociales.

La propuesta también incluye la regulación del uso turístico de la vivienda, con el objetivo de evitar la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, así como el desarrollo de medidas de protección frente a los desahucios, garantizando alternativas habitacionales para las personas afectadas.

Como elemento clave, la iniciativa plantea la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que permita dotar de financiación estable a las políticas públicas de vivienda y asegurar su eficacia a medio y largo plazo.

Las organizaciones promotoras han destacado que esta ILP pretende dar una respuesta estructural a la crisis habitacional que atraviesa Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.

Finalmente, desde UGT Andalucía se ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas, a las instituciones y al conjunto de la sociedad andaluza para respaldar esta iniciativa, con el objetivo de avanzar hacia un modelo que garantice la cohesión social y el derecho real a la vivienda.