El sindicato recuerda que casi el 45% de los ingresos por alquiler en España se concentra en el 10% de los hogares más ricos, mientras que las personas migrantes se encuentran entre quienes más sufren las dificultades para acceder a una vivienda. Para nuestra organización, el problema de una familia que no puede pagar el alquiler no es la familia migrante que vive en el piso de al lado. El problema es que tener un techo se ha convertido en un lujo para demasiadas personas que trabajan, cobran un salario y, aun así, no consiguen llegar a fin de mes.

Desde UGT Andalucía se recuerda que detrás de la crisis de la vivienda hay historias reales: jóvenes que no pueden abandonar el hogar familiar, parejas que renuncian a tener hijos porque no pueden afrontar una hipoteca, personas mayores que temen perder su casa y trabajadores y trabajadoras que destinan buena parte de su sueldo al alquiler. Son situaciones que afectan a miles de familias andaluzas y que requieren soluciones políticas, no enfrentamientos entre quienes comparten las mismas dificultades.

El sindicato considera que la nacionalidad de una persona no puede convertirse en el criterio que determine quién merece acceder a una vivienda digna. Las necesidades de una familia no desaparecen por haber nacido fuera de España. Tampoco cambia la obligación de las administraciones públicas de atender las situaciones de vulnerabilidad con criterios objetivos, transparentes y respetuosos con los derechos fundamentales.

Las personas migrantes también trabajan, cotizan y sostienen Andalucía

UGT Andalucía recuerda que miles de personas migrantes forman parte esencial de la economía andaluza. Trabajan en nuestros campos, cuidan de nuestros mayores, atienden establecimientos hosteleros, participan en la construcción de nuestras viviendas y desarrollan su actividad en numerosos sectores productivos.

Son compañeros y compañeras de trabajo que contribuyen con su esfuerzo al funcionamiento de empresas y servicios, que forman parte de nuestros barrios y que comparten las mismas preocupaciones que cualquier otra familia: llegar a fin de mes, pagar las facturas, tener estabilidad laboral y ofrecer un futuro mejor a sus hijos.

Su contribución económica tampoco es una cuestión de opiniones. Según el Banco de España, la población extranjera ha aportado entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales al crecimiento medio anual del PIB per cápita entre 2022 y 2024, un periodo en el que este indicador creció a un ritmo del 2,9% anual. Estos datos ponen de manifiesto su participación en el crecimiento económico y en la actividad productiva del país.

No podemos aceptar que quienes trabajan a nuestro lado sean presentados como una amenaza cuando llega el momento de hablar de derechos. No se puede necesitar a una persona para recoger la cosecha, cuidar a nuestros mayores o construir nuestras casas y después señalarla como responsable de que falten viviendas.

Además, las personas migrantes también se encuentran entre las principales víctimas de las dificultades del mercado residencial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, recogidos por el Observatorio de la Vivienda Asequible de Provivienda, más del 70% de los hogares encabezados por personas de nacionalidad extracomunitaria reside de alquiler, frente a una proporción muy inferior entre los hogares de nacionalidad española. Esta realidad los hace especialmente vulnerables al encarecimiento de los precios, la inestabilidad residencial y las dificultades para encontrar un hogar.

UGT Andalucía advierte, además, de que enfrentar a trabajadores españoles y extranjeros únicamente beneficia a quienes quieren una sociedad dividida y una clase trabajadora debilitada. Cuando se enfrentan personas que comparten los mismos problemas, se desvía la atención de las decisiones económicas y políticas que realmente condicionan sus condiciones de vida.

La vivienda no es un problema de nacionalidades, sino de políticas públicas

El sindicato considera que la iniciativa aprobada desvía el debate de las causas estructurales de la crisis residencial: la insuficiencia de vivienda pública, el encarecimiento del alquiler, la especulación inmobiliaria, la presión de determinados usos turísticos sobre el mercado residencial y la dificultad de acceder a una vivienda con los salarios actuales.

De hecho, el encarecimiento de la vivienda es un fenómeno que afecta a numerosos países europeos, con independencia de su evolución demográfica. Hungría, por ejemplo, lleva décadas perdiendo población y, sin embargo, ha registrado algunos de los mayores incrementos de precios de la Unión Europea. Según datos de Eurostat, entre 2015 y 2025 el precio de compraventa de la vivienda en este país aumentó alrededor de un 210%, muy por encima del incremento registrado en España. Una realidad que demuestra que atribuir la crisis residencial exclusivamente a la inmigración supone ignorar factores económicos y estructurales mucho más complejos.

A ello se suma la creciente concentración de los beneficios del mercado inmobiliario., según un análisis basado en datos de la Encuesta de Condiciones En España, casi el 45% de todos los ingresos procedentes del alquiler va a parar al 10% de los hogares más ricos de Vida y de la Agencia Tributaria. Para UGT Andalucía, este dato evidencia que el verdadero debate debe centrarse también en la desigual distribución de la riqueza y en el impacto de la vivienda como negocio frente a su función social.

Esta situación resulta especialmente visible en ciudades andaluzas como Málaga, donde la presión de los alojamientos turísticos y de la inversión inmobiliaria se suma a la escasez de oferta asequible y a las dificultades de numerosas familias para encontrar una vivienda compatible con sus ingresos.

La organización reclama que la Junta de Andalucía asuma un papel activo en la respuesta a esta crisis, con inversiones suficientes para ampliar de forma sostenida el parque público de vivienda en alquiler asequible, medidas frente a la especulación, protección de las familias vulnerables y políticas que permitan recuperar la función social de la vivienda.

También considera imprescindible mejorar los salarios y combatir la precariedad laboral, porque el problema no se resolverá únicamente aumentando la oferta residencial si los ingresos de miles de familias siguen siendo insuficientes para acceder a ella.

Para UGT Andalucía, resulta contradictorio reclamar soluciones a la emergencia habitacional mientras se desplaza el debate hacia el origen de las personas que necesitan ayuda. La verdadera prioridad debe ser garantizar que ninguna familia se quede sin hogar por falta de recursos, independientemente de dónde haya nacido.

Andalucía sabe lo que significa emigrar

UGT Andalucía apela también a la memoria colectiva de una tierra marcada por la emigración. Durante décadas, miles de andaluces y andaluzas tuvieron que abandonar sus pueblos y ciudades para encontrar oportunidades en otros territorios de España y en países europeos. Muchos conocieron de primera mano la dureza de dejar atrás a sus familias, comenzar de nuevo en otro lugar y enfrentarse a situaciones de rechazo o discriminación.

Por eso, el sindicato considera especialmente doloroso que desde el Parlamento andaluz se respalden planteamientos que presentan a las personas migrantes como un problema, en lugar de reconocerlas como parte de nuestra sociedad.

La organización defiende que la convivencia se construye garantizando derechos, combatiendo la explotación laboral y asegurando que todas las personas cumplan las mismas obligaciones y disfruten de condiciones dignas, no estableciendo enfrentamientos en función del lugar de nacimiento.

Por todo ello, UGT Andalucía reclama a las administraciones competentes que abandonen los discursos de confrontación y trabajen en medidas concretas para garantizar el acceso a la vivienda, mejorar los salarios, combatir la explotación laboral y fortalecer la cohesión social.

UGT Andalucía recuerda que situaciones como esta son precisamente las que refuerzan la necesidad de movilizarse y participar en la huelga general del próximo 11 de noviembre. Una convocatoria que responde al creciente deterioro del poder adquisitivo de las familias trabajadoras, a las dificultades para acceder a una vivienda digna y a la necesidad de exigir políticas que pongan a las personas en el centro. No podemos permitir que, mientras los salarios no alcanzan y la vivienda se convierte en un lujo, se pretenda enfrentar a quienes sufren los mismos problemas en lugar de ofrecer soluciones reales. El 11N saldremos a defender nuestros derechos, porque la vivienda, los salarios dignos y la igualdad de oportunidades no pueden depender del lugar donde hayamos nacido.

 

Audio Valoración RAFAEL GELO 

Secretario de Institucional de UGT Andalucía