UGT Andalucía defiende la huelga general como una respuesta de justicia social ante el problema de la vivienda

Maribel Román señala que la convocatoria responde a una demanda social y reclama una política de vivienda capaz de frenar la especulación y garantizar el acceso a un derecho básico, con independencia de quién gobierne. La secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, ha defendido este miércoles la convocatoria de una huelga general como una respuesta necesaria ante problemas sociales que continúan afectando de manera directa a las personas trabajadoras, especialmente las dificultades de acceso a la vivienda.


comunicados de prensa, huelga general

٠٧/١٠/٢٦ ٠١:٤٥ م


Preguntada por las críticas sobre el momento elegido para anunciar la movilización y su coincidencia con un escenario electoral, Román ha rechazado que la convocatoria responda a criterios partidistas y ha insistido en que su fundamento es estrictamente social.

“La huelga que ya se ha anunciado, y que todavía no tiene una fecha fijada, responde a una cuestión de justicia social”, ha señalado.

La responsable de Políticas Sociales de UGT Andalucía ha defendido que, en los últimos años, la acción sindical y los cambios introducidos en materia laboral han permitido conseguir avances importantes para las personas trabajadoras, entre ellos mejoras salariales y de derechos laborales.

Sin embargo, ha advertido de que una parte de esas mejoras termina perdiéndose ante el fuerte impacto que tiene actualmente el coste de la vivienda sobre las economías familiares.

“Los sindicatos hemos trabajado muchísimo durante estos años y hemos conseguido, gracias a los cambios que se han producido en la política laboral, mejoras importantes, por ejemplo en los salarios. Y, sin embargo, el mercado de la vivienda se está comiendo buena parte de esos avances sociales”, ha explicado.

La vivienda, una necesidad esencial

Román ha puesto especialmente el foco en el carácter especulativo que, a juicio de UGT Andalucía, presenta actualmente una parte importante del mercado de la vivienda y ha reclamado una intervención pública más decidida.

Para la dirigente sindical, la vivienda no puede tratarse exclusivamente como un bien de mercado, ya que constituye una necesidad básica para cualquier persona y condiciona directamente la capacidad de las familias para desarrollar un proyecto de vida.

“La vivienda es una necesidad esencial. Igual que la política interviene en otros ámbitos básicos para las personas trabajadoras, necesitamos que también haya una política que intervenga de manera efectiva en materia de vivienda”, ha señalado.

UGT Andalucía considera que las mejoras salariales pierden buena parte de su efecto si, paralelamente, continúan aumentando los precios de los alquileres o las dificultades para acceder a una vivienda.

Por ello, el sindicato viene defendiendo la necesidad de impulsar políticas que faciliten el acceso a una vivienda asequible, incrementen la oferta pública y protejan a las familias frente a situaciones de vulnerabilidad.

“Gobierne quien gobierne”

Maribel Román ha insistido además en que las reivindicaciones sindicales en materia de vivienda y derechos sociales no dependen del color político de los gobiernos.

“Gobierne quien gobierne, necesitamos una política de vivienda diferente”, ha subrayado.

La secretaria de Políticas Sociales ha defendido que el papel de las organizaciones sindicales es trasladar las demandas de las personas trabajadoras y actuar cuando consideran que existen problemas sociales que requieren una respuesta política.

En este sentido, Román ha asegurado que la huelga responde a una demanda existente en la sociedad y que UGT estará presente en la movilización.

“La huelga es necesaria, responde a una reivindicación social y los sindicatos vamos a estar ahí”, ha concluido.

UGT Andalucía considera que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para miles de familias trabajadoras y reclama una política pública capaz de garantizar que las mejoras laborales y salariales conseguidas no terminen absorbidas por unos precios que dificultan cada vez más el acceso a un derecho básico.

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