El servicio de ayuda a domicilio es un pilar fundamental del sistema de dependencia. Permite que miles de personas permanezcan en sus hogares, conserven su autonomía y reciban una atención cercana. Sin embargo, este servicio esencial continúa descansando, en demasiadas ocasiones, sobre la precariedad de sus trabajadoras.

En la provincia de Granada conviven distintos modelos de gestión: ayuntamientos que prestan directamente el servicio, empresas privadas y fórmulas mixtas. Desde UGT Servicios Públicos Granada defendemos prioritariamente la gestión pública directa porque permite un mayor control, más transparencia y mejores garantías laborales. Municipios como Huétor Tájar, Láchar, Maracena o Fuente Vaqueros han impulsado procesos de estabilización para proporcionar seguridad y fijeza a las auxiliares. Pero incluso estos ayuntamientos sufren graves dificultades: falta de financiación, límites a la contratación, retrasos en las transferencias, bolsas de empleo agotadas y escasez de profesionales. En otros municipios, como Santa Fe, Vegas del Genil u Órgiva, se han dejado caducar ofertas públicas vinculadas a la estabilización y se ha optado, en algunos casos, por externalizar el servicio. La privatización se presenta como una forma de ahorro, pero una empresa privada necesita obtener beneficios. Con frecuencia, lo que la Administración ahorra no es dinero, sino responsabilidad y esfuerzo de gestión.

Desde UGT Granada manifestamos con rotundidad que no son incompatibles los derechos laborales y sostenibilidad. Garantizar derechos laborales no pone en peligro el servicio; es imprescindible para mantenerlo. No es razonable que una trabajadora pierda salario porque una persona usuaria fallezca, sea hospitalizada o no se encuentre en su domicilio. La auxiliar continúa disponible y la organización del trabajo corresponde al ayuntamiento o empresa adjudicataria. El riesgo empresarial no puede trasladarse a la plantilla. Las trabajadoras deben tener garantizados salario y jornada. No pueden vivir sometidas a cambios constantes de horarios, jornadas partidas y modificaciones que hacen imposible la conciliación. Los desplazamientos entre domicilios deben computar como tiempo efectivo de trabajo, porque son indispensables para prestar el servicio. También deben respetarse los descansos, permisos, reducciones de jornada, antigüedad y derechos establecidos en los convenios. Los fines de semana y festivos deben reservarse a las necesidades esenciales y organizarse mediante turnos transparentes y rotatorios.

La prevención de riesgos laborales merece atención urgente. Movilizar personas, trabajar en viviendas no adaptadas y recorrer largas distancias provoca lesiones, sobrecarga emocional y numerosas bajas laborales. Las trabajadoras de mayor edad o con patologías derivadas de años de esfuerzo necesitan adaptaciones reales de sus puestos. El problema de fondo es un modelo de financiación que paga casi exclusivamente la hora presencial e ignora desplazamientos, formación, prevención, sustituciones, descansos y vacaciones. Cuando estos costes no se reconocen, los derechos laborales desaparecen. Desde UGT Servicios Públicos Granada reclamamos financiación suficiente y estable, gestión prioritariamente pública, plantillas adecuadas, contratación ágil, empleo estable y salarios dignos. No se puede hablar de dignificar los cuidados mientras se precariza a quienes cuidan. Cuidar a las personas dependientes exige cuidar también a sus trabajadoras.