Más del 30% de la población reclusa en España padece algún tipo de patología mental o se encuentra bajo tratamiento psicofarmacológico. Sin embargo, esta realidad contrasta con el déficit de personal médico en las prisiones, que supera ya el 77% de las plazas, según datos del portal de transparencia de octubre de 2026. Acaip-UGT considera que la salud mental constituye uno de los problemas estructurales "más graves y desatendidos del sistema penitenciario".

El medio penitenciario es de por sí un entorno cerrado, hostil y de alto impacto psicológico. La privación de libertad, la ruptura de vínculos y la incertidumbre actúan como un severo estresor ambiental capaz de activar patologías psiquiátricas latentes o de actuar como disparador de graves cuadros depresivos y trastornos de adaptación.

En este contexto, la ausencia casi total de facultativos hace inviable realizar una detección precoz en el momento del ingreso. En muchos casos, la enfermedad mental de un interno no se identifica a través de una evaluación médica preventiva, sino de forma reactiva, una vez que ya ha protagonizado un altercado grave, un intento autolesivo o una agresión. A esto se suma la imposibilidad de llevar un seguimiento continuado de los tratamientos prescritos, lo que provoca descompensaciones psiquiátricas en el interior de los módulos ordinarios.

La desatención médica redunda directamente en el deterioro de la seguridad en los centros penitenciarios. Un porcentaje muy significativo de los incidentes regimentales, episodios de violencia y agresiones que se registran a diario en las prisiones son protagonizados por reclusos que sufren alteraciones mentales no tratadas o descompensadas.

"Los empleados públicos penitenciarios se ven obligados a gestionar en primera línea brotes psicóticos, crisis de agresividad descontrolada o conductas autolesivas sin contar con la formación clínica especializada ni los medios adecuados para el manejo psiquiátrico. Esta sobreexposición diaria convierte los módulos en un entorno de alto riesgo para la integridad física de los trabajadores, que deben suplir con su propia seguridad las carencias del sistema sanitario", ha trasladado la organización.

Así, desde el sindicato han insistido en que, si bien existen programas específicos de atención integral a enfermos mentales (como el Paiem), "los centros penitenciarios ordinarios no reúnen las condiciones estructurales ni asistenciales para funcionar como centros psiquiátricos. El sistema apenas dispone de dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (Sevilla y Alicante-Fontcalent), concebidos para medidas de seguridad judiciales, por lo que se deriva el grueso de la patología psiquiátrica crónica a módulos y enfermerías sin facultativos ni medios suficientes en centros ordinarios".

Asimismo, urgen al cumplimiento de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que fijaba hace más de dos décadas la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, un mandato legal sistemáticamente incumplido mientras el servicio sanitario penitenciario agoniza.