Durante el recorrido, las consignas han girado en torno a la mejora de los salarios, la reducción de la jornada real de trabajo y el acceso a una vivienda digna. También se han visto pancartas con críticas al aumento del coste de la vida y a la precariedad laboral, así como la defensa del sistema público de sanidad.

El secretario general de UGT en Granada, Luis Miguel Gutiérrez, ha afirmado que la marcha pretende reivindicar la paz en todo el mundo "y decir, de forma clara y rotunda, no a la guerra". En este sentido, ha denunciado que se trata de "guerras impulsadas por unos pocos oligarcas que causan muchísimo dolor y que pueden desembocar en una crisis mundial".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de mejorar los salarios, recordando que los trabajadores "llevan años perdiendo poder adquisitivo". En el caso de Granada, ha señalado que los precios han subido en torno a un 20% desde 2020, mientras los salarios apenas crecen, lo que supone que estamos perdiendo dinero".

Gutiérrez ha vinculado también los salarios con la defensa de los servicios públicos: "Hablar de salarios es también hablar de conservar la sanidad pública y la educación. No se puede seguir avanzando en su privatización, obligando a los trabajadores a pagar de su bolsillo estos derechos básicos".

En materia de vivienda, ha advertido de que se trata de un problema "cada vez más grave", con zonas prácticamente tensionadas donde "una parte muy importante del sueldo se destina al pago de la vivienda". Por ello, ha reclamado medidas de regulación y ha señalado directamente a "los especuladores que se lucran con este derecho fundamental".

El dirigente sindical ha alertado además del aumento de la siniestralidad laboral: "Vamos a seguir exigiendo un freno a esta situación. No es asumible que en Granada muera, de media, un trabajador al mes en accidente laboral. No podemos normalizarlo".

Por último, ha defendido la democracia frente a lo que ha calificado como "falsos patriotas de la extrema derecha", criticando propuestas que, según ha indicado, "ya se están aplicando en países como Argentina y que suponen una precarización del empleo". "No lo vamos a permitir", ha concluido.