UGT advierte sobre el "lado oscuro" del empleo en Granada: alta estacionalidad, pese a la buena cifra de paro

En Granada, en abril de 2026, el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo ha sido de 63.214 personas, 2.345 menos que el mes pasado (-3,58%), y hay 6.076 personas inscritas en paro menos que hace un año (69.290), cuando bajó el desempleo en 2.604 personas. En el análisis por sectores, ha bajado el paro en todos ellos, por este orden: servicios (-1.497), colectivo de personas sin empleo anterior (-542), construcción (-136), agricultura (-99) e industria (-71). En cuanto a la contratación, durante este mes, se han realizado en Granada un total de 24.767 contratos, 764 más que en el mismo mes del año 2025 (24.003). Del total de contratos de abril, 15.233 han sido temporales, un 61,50%. En cuanto a la contratación acumulada en lo que llevamos de año, se han firmado 104.426 contratos laborales en Granada, sólo 129 menos que a esta misma fecha del año pasado, cuando había 104.555. De esos 104.426 contratos en lo que llevamos de 2026, un 40,72% (42.520) han sido de carácter indefinido.


05.05.26 10:05


Encarna Vargas, Sª de Empleo y Política Sindical, Institucional y Sociedad de UGT Granada, recuerda qué, históricamente, el mes de abril es uno de los mejores meses para el empleo en la provincia de Granada. La tendencia habitual es una bajada significativa del paro, impulsada principalmente por el sector servicios. Sin embargo, señal la representante de UGT, hay un "lado oscuro" de este comportamiento del mercado laboral de nuestra provincia: la alta estacionalidad, ya que gran parte de esos contratos son temporales y dependen totalmente del calendario de festivos y del clima. Así, ante estos datos, la representante de UGT ha subrayado la necesidad de profundizar en los cambios del modelo laboral actual. Según Vargas, "resulta fundamental continuar impulsando las transformaciones necesarias en el mercado de trabajo, dando continuidad a las reformas emprendidas desde 2018".

En relación a la organización del tiempo de trabajo, la representante sindical ha hecho hincapié en que "es prioritario reducir la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas, con el objetivo de mejorar la conciliación y el tiempo de vida. Asimismo, Vargas ha denunciado que "la parcialidad continúa siendo elevada, en muchos casos como consecuencia de un uso fraudulento de esta modalidad contractual, lo que exige una reforma normativa que impida estas prácticas perjudiciales para las personas trabajadoras".

Respecto a la extinción de los contratos, la secretaria de Empleo de UGT Granada ha recordado que "la regulación del despido sigue siendo una cuestión pendiente, especialmente tras la reforma laboral de 2012, que debilitó la protección frente al despido injusto e ilegal mediante la reducción sistemática de las indemnizaciones y la eliminación de los salarios de tramitación". Por esta razón, ha afirmado que "UGT reclama una reforma que restablezca la equidad en esta materia y garantice la reparación íntegra a las personas trabajadoras afectadas". En el ámbito de la concertación social, Vargas ha señalado que "es necesario impulsar un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva que permita continuar elevando los salarios y asegurar una distribución más equitativa de los incrementos de márgenes y beneficios empresariales".

Sobre la situación de las personas que no encuentran trabajo, ha advertido que "el elevado peso del desempleo de larga duración pone de manifiesto las limitaciones de las actuales políticas activas de empleo. En consecuencia, resulta imprescindible reforzar los servicios públicos de empleo, dotándolos de recursos suficientes para ofrecer una orientación personalizada y una intermediación eficaz".

Para finalizar, declara que "pese al impacto de factores estacionales, los datos evidencian una evolución favorable del mercado laboral respecto al año pasado, con creación sostenida del empleo y una paulatina reducción del desempleo, pero persisten desafíos estructurales como la elevada temporalidad, la parcialidad no deseada o las deficiencias en la protección frente al despido, que requieren un impulso reformador adicional para consolidar la calidad del empleo y garantizar una mejora equitativa de las condiciones laborales".