Desde UGT se respalda la respuesta social expresada en las calles y las plazas de nuestro país para denunciar la crisis habitacional que padecen millones de familias por los disparatados precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler. La vivienda es hoy el principal factor de empobrecimiento y de desigualdad en España: un mercado voraz absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos de quienes viven de su trabajo, impide a la juventud emanciparse y convierte en objeto de especulación un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución. La respuesta ciudadana de estos días, espoleada por el desahucio de Mari Carmen en Madrid, demuestra que la sociedad no está dispuesta a resignarse.

Esta presión social ha movido el tablero político y ha forzado al Gobierno a presentar en el curso de una semana dos decretos-leyes que suponían un impulso para dar respuesta a los problemas más urgentes y sangrantes de la vivienda. No resolvían por sí solos la crisis, pero eran medidas necesarias e inaplazables.

Sin embargo, el Congreso de los Diputados ha dado la espalda a esa mayoría social. Con sus votos, la derecha y la ultraderecha —PP, Junts, Vox y UPyN— han impedido la convalidación de ambos reales decretos-leyes y han vuelto a mostrar la cara más cínica de la política, dejando en la estacada a centenares de miles de personas que verán cómo su situación de emergencia habitacional se cronifica y las aboca a situaciones económicamente insostenibles. Quienes han votado en contra tendrán que explicar a las familias amenazadas de desahucio, y a quienes no pueden pagar un alquiler con su salario, por qué han antepuesto los intereses de quienes especulan con la vivienda al derecho a un hogar digno.

UGT viene denunciando que nuestro país crece como nunca, pero su modelo económico extractivista de rentas no permite que la riqueza que se genera se reparta equitativamente. Los grandes beneficios empresariales no se trasladan de manera suficiente a los salarios, mientras el alza de los precios lastra el poder de compra de millones de personas trabajadoras. El desmantelamiento de los servicios públicos y la especulación con la vivienda hacen que una parte creciente de la población no disponga de rentas suficientes para cubrir sus necesidades básicas: alimentación, educación, sanidad, cuidados y vivienda.

La crisis de la vivienda es también una crisis de salarios. De poco sirven las subidas pactadas en los convenios colectivos o el incremento del salario mínimo interprofesional si el alquiler o la hipoteca las absorben mes a mes. Por eso, UGT exige actuar a la vez en los dos frentes: una intervención pública decidida que frene la especulación, amplíe el parque público de vivienda asequible y proteja a las personas inquilinas; y una mejora sustancial de los salarios en la negociación colectiva, para que las personas trabajadoras participen de la riqueza que generan. Tener un empleo debe garantizar poder pagar un techo.

La votación del Congreso instala al país en una situación de bloqueo político y alimenta una indignación social de enorme magnitud. Ante ello, la respuesta que procede es la movilización. Ambas organizaciones reuniremos a nuestros órganos de dirección para valorar las reacciones políticas a esta decisión y decidir los pasos que debemos dar en una estrategia de unidad de acción sindical y de confluencia con los movimientos sociales, vecinales, de inquilinas e inquilinos y con otros sindicatos.

UGT hace un llamamiento a la clase trabajadora a llenar las calles en todas las movilizaciones que se están convocando, para exigir que el derecho a la vivienda se sitúe por encima de los intereses especulativos.