UGT quiere trasladar todo su apoyo y solidaridad a la facultativa afectada, al mismo tiempo que vuelve a poner el foco sobre una problemática alarmante y persistente: la vulnerabilidad del personal que cuida de la salud de la ciudadanía.

Desde el sindicato se denuncia que las agresiones, lejos de disminuir, se han convertido en un goteo constante que compromete no solo la integridad física y psicológica de los profesionales, sino también la calidad del servicio público prestado. No se puede  normalizar que acudir a trabajar suponga un riesgo para la salud de los profesionales sanitarios. Es inadmisible.

Por ello, UGT reclama a la Consejería de Salud la implantación inmediata de medidas preventivas y de seguridad eficaces, que incluyan el aumento del personal de seguridad en los centros con mayor conflictividad, la instalación de cámaras de vigilancia y botones de pánico operativos, campañas de concienciación ciudadana sobre el respeto al personal sanitario, así como sanciones ejemplares y personación jurídica de la administración en todos los casos de agresión.

UGT recuerda que los profesionales  de la sanidad pública no son los responsables de las carencias del sistema, las listas de espera o la falta de recursos, situaciones que a menudo actúan como detonantes de la frustración de los usuarios. El sindicato insiste en que la violencia nunca es la solución y que se mantendrá firme en la defensa de entornos laborales seguros.