Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha anunciado el desarrollo de un régimen sancionador específico para los usuarios que agredan al personal del sistema sanitario público. La medida, reclamada desde hace años por los sindicatos, permitirá imponer multas de entre 500 y 60.000 euros y otras medidas complementarias con el objetivo de disuadir este tipo de conductas. Desde UGT, que ha sido uno de los sindicatos que más ha presionado para que saliese adelante la medida, valoran positivamente el anuncio, aunque advierten de que las sanciones, por sí solas, no resolverán un problema que consideran estrechamente relacionado con el deterioro de las condiciones en las que se presta la asistencia sanitaria.
Hasta ahora, las agresiones a profesionales sanitarios podían tener consecuencias penales o civiles, pero Andalucía carecía de un régimen administrativo específico que sancionara este tipo de comportamientos dentro del ámbito sanitario. La nueva norma pretende llenar ese vacío. “Consideramos muy importante que se aborde la elaboración de este régimen sancionador, al igual que ya han hecho otras comunidades autónomas. Creemos que con estas sanciones se va a conseguir un efecto disuasorio, puesto que actúa directamente el sistema sobre el agresor”, explica Blanca Espinosa, responsable de prevención e igualdad en sanidad de UGT Andalucía.
No solo agresiones físicas
Las sanciones no se limitarán a las agresiones físicas. También podrán castigarse insultos, amenazas, faltas de respeto, coacciones o agresiones cometidas a través de medios digitales, conductas que constituyen una parte importante de los incidentes registrados cada año. Además de las multas económicas, el régimen contemplará otras medidas de carácter asistencial. Entre ellas figura una reivindicación histórica del sindicato: que sea el agresor quien cambie de centro sanitario y no el profesional agredido. “Hasta ahora a quien se cambiaba era al profesional agredido. Creemos que quien debe cambiar de centro es el agresor”, sostiene Espinosa.
El consejero de Salud en funciones, Antonio Sanz, anunció durante la reunión del Observatorio de Agresiones que la propuesta será remitida próximamente al Parlamento andaluz para su aprobación. “Esperamos que sea cuestión de poco tiempo, porque urge su aplicación”, añade la representante sindical. No en vano, para UGT, el nuevo régimen sancionador supone un avance, pero no será suficiente si no se actualiza el Plan de Prevención y Atención frente a las Agresiones, aprobado en 2020.
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