Empleo

Para Luis Miguel Gutiérrez, el análisis del mercado laboral en Granada entre 2020 y 2026 nos deja una lectura agridulce. Por un lado, es innegable que la reforma laboral de 2022 ha marcado un antes y un después en la calidad del empleo: hemos pasado de una contratación indefinida residual, por debajo del 10%, a consolidar cifras por encima del 40%, reduciendo drásticamente la temporalidad y la rotación abusiva. Asimismo, la resiliencia del mercado de trabajo ha permitido absorber el impacto de la pandemia, reduciendo el paro de las más de 100.000 personas registradas en 2020 a las cerca de 60.000 actuales.

Sin embargo, no podemos caer en la complacencia. Granada sigue lastrada por graves debilidades estructurales que nos sitúan sistemáticamente a la cabeza del desempleo estatal. Movernos en tasas de paro superiores al 17% es sencillamente inasumible. Continuamos atrapados en un modelo productivo excesivamente dependiente del turismo, la hostelería y el comercio, sufriendo una estacionalidad que destruye empleo a cada cambio de temporada por la falta de un tejido industrial sólido.

Esta vulnerabilidad golpea con especial dureza a dos colectivos: a las mujeres, que sufren mayor desempleo y parcialidad, y a los mayores de 45 años, atrapados en el paro de larga duración. Además, nos preocupa la consolidación de la figura del "trabajador pobre"; la contratación indefinida debe ir acompañada de salarios dignos y cláusulas de revisión en la negociación colectiva para frenar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Por todo ello, desde UGT Granada exigimos a la Junta de Andalucía y a las administraciones un compromiso real: necesitamos una apuesta decidida por la reindustrialización, la innovación y la sostenibilidad, un refuerzo clave en los Servicios Públicos de Empleo para la orientación personalizada, y planes extraordinarios de empleo específicos para Granada que corrijan de una vez por todas esta brecha territorial.

Servicios Públicos

En este punto, el secretario General de UGT Granada señala que e diagnóstico de los servicios públicos en Granada requiere ir más allá del dato puramente numérico. Aunque hoy alcanzamos una cifra cercana a los 70.000 empleados públicos en la provincia (un incremento del 16% desde 2020), este aumento es del todo insuficiente para absorber la demanda actual y contrarrestar la sobrecarga administrativa que sufre la ciudadanía. No podemos confundir el crecimiento de efectivos con una mejora real de la atención si no se abordan los problemas de fondo.

Gran parte de ese incremento cuantitativo no se debe a una ampliación real de los servicios, sino al proceso de regularización de trabajadores en abuso de temporalidad. Para solventar esto de forma definitiva, exigimos la eliminación total de las tasas de reposición y la cobertura real de las vacantes estructurales. Esta brecha es especialmente crítica en la Administración General del Estado: oficinas como la Seguridad Social, el INSS o el SEPE en Granada están al borde del colapso por falta de personal administrativo, lo que provoca demoras inaceptables en la concesión de citas y el cobro de prestaciones.

La situación es igualmente preocupante en el ámbito autonómico. Es urgente reforzar la Atención Primaria y aliviar la sobrecarga que soporta el personal en el Virgen de las Nieves, el San Cecilio y los hospitales comarcales, frenando al mismo tiempo cualquier intento de privatización o externalización de servicios. A todo esto, se suma una amenaza inminente: más del 40% de las plantillas públicas granadinas se jubilará en la próxima década. Las ofertas de empleo actuales son claramente insuficientes si no se activan ya planes de relevo generacional y una digitalización pensada para facilitar el acceso al ciudadano.

El reto de los servicios públicos en Granada no es solo contratar más, sino contratar mejor: necesitamos eliminar la temporalidad residual, rejuvenecer las plantillas y rediseñar una atención presencial ágil que acabe con los cuellos de botella actuales.

Siniestralidad laboral

En esta materia, el líder provincial de UGT califica la situación de la prevención de riesgos en nuestra provincia de absolutamente inaceptable. No podemos normalizar bajo ningún concepto una realidad demoledora que se traduce en más de 25 accidentes laborales diarios. Detrás de esta lacra se esconden factores muy claros: una precarización galopante impulsada por las cadenas de subcontratación en la construcción y la alta temporalidad en los servicios, que relajan peligrosamente los protocolos de seguridad. A esto se suma que la formación en prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático sobre el papel que no protege en la práctica, y una falta alarmante de recursos en la Inspección de Trabajo, con una ratio de inspectores por trabajador totalmente insuficiente para ejercer un control real en tajos y obras.

Ante este escenario, la salud y la vida de la clase trabajadora granadina no pueden esperar más. Exigimos la puesta en marcha inmediata de un Plan de Choque Específico, dotado de una unidad de intervención rápida de la Inspección centrada en la construcción y en las faenas agrícolas estacionales. Asimismo, es vital implantar la figura del Delegado Territorial de Prevención para tutelar a las PYMES y autónomos que carecen de representación sindical, e imponer sanciones ejemplares con derivación penal acelerada para las empresas que incumplan gravemente la normativa. Finalmente, no nos olvidamos de la salud mental: es urgente integrar de forma obligatoria la gestión de los riesgos psicosociales, la carga de trabajo y el estrés en todos los convenios colectivos de la provincia.

Negociación colectiva

El estado de la negociación colectiva en Granada, afirma el ugetista, deja una valoración marcada por la satisfacción ante conquistas concretas, pero también por una exigencia constante e irrenunciable hacia las patronales para erradicar la precariedad estructural de nuestra provincia. Hemos demostrado que la negociación da sus frutos: gracias al marco del V ANC, hemos cerrado acuerdos con subidas de entre el 2,5% y el 3,5% anual, destacando incrementos históricos en sectores castigados como la Hostelería (+10,5% en tres años) o la Limpieza de Edificios (+11,5%). Además, hemos logrado hitos sociales clave como la dignificación y equiparación salarial de las camareras de pisos o la inclusión de planes de pensiones sectoriales en la Construcción para proteger a trabajadores sometidos a alta penosidad.

Sin embargo, el escenario sigue plagado de frentes de conflicto que no vamos a tolerar. Denunciamos con firmeza el fraude generalizado en la contratación a tiempo parcial en la hostelería y el comercio: no es admisible la parcialidad ficticia de jornadas de 20 horas firmadas sobre el papel que se convierten en 40 reales sin cotizar. Asimismo, en el sector agrario seguimos detectando un incumplimiento sistemático en la entrega de equipos de protección, en el control del registro horario y en el abuso de los periodos de prueba en los contratos fijos-discontinuos. Todo ello agravado por el inmovilismo de ciertas patronales que bloquean las mesas y dilatan el pago de los atrasos tras las subidas del SMI.

De cara al futuro inmediato, la agenda de UGT Granada está clara. Vamos a batallar en cada mesa sectorial la implantación de la jornada de 37,5 horas semanales sin merma salarial, con el horizonte puesto en las 35 y 32 horas. Exigimos también la inclusión obligatoria de protocolos estrictos contra las altas temperaturas para proteger la vida en el campo, la construcción y la recogida de residuos frente a la crisis climática. Por último, hacemos un llamamiento a las Administraciones: las licitaciones públicas deben incluir cláusulas de revisión de precios vinculadas a los convenios colectivos para evitar que las empresas adjudicatarias recorten derechos laborales para cuadrar sus márgenes.

Brecha salarial

Desde UGT Granada, señala el representante sindical, queremos dejar claro que la brecha salarial que sufren las mujeres en nuestra provincia no se debe a un menor nivel formativo ni a un menor rendimiento laboral. Estamos ante una discriminación indirecta y sistémica profundamente arraigada en nuestro modelo socioeconómico, y no vamos a seguir permitiendo que las trabajadoras granadinas asuman el coste de esta desigualdad.

Para atajar este problema de raíz, desde UGT proponemos una batería de medidas de actuación urgente. En primer lugar, exigimos la implantación efectiva y la auditoría estricta de los Planes de Igualdad en todas las empresas de la provincia de más de 50 trabajadores, vigilando al milímetro las diferencias injustificadas en los complementos. Es crucial revisar esos complementos salariales en la negociación colectiva con perspectiva de género, neutralizando de una vez por todas el sesgo que históricamente beneficia a los puestos masculinizados.

Asimismo, debemos combatir frontalmente la parcialidad involuntaria mediante la conversión de contratos a tiempo parcial en jornadas completas para las mujeres. Esto debe ir acompañado de una apuesta firme por la infraestructura pública de cuidados: reclamamos a las instituciones un incremento real de la inversión en dependencia y en escuelas infantiles de 0 a 3 años para liberar a las trabajadoras de la carga familiar que se les impone. Por último, resulta imprescindible reforzar la Inspección de Trabajo en Granada para perseguir y sancionar con contundencia cualquier indicio de discriminación salarial.

Vivienda

En esta materia, Gutiérrez quiere alertar de que la vivienda ha dejado de ser un bien accesible para convertirse en uno de los principales factores de empobrecimiento y precariedad para la clase trabajadora de nuestra provincia. El descontrol de los precios, tanto en compra como en alquiler, está absorbiendo los incrementos salariales que conquistamos en la negociación colectiva, obligando a las familias a dedicar más del 40% de sus ingresos solo a pagar un techo. Sufrimos un desajuste estructural inaceptable: la oferta se orienta a la vivienda turística, de alta gama o de corta estancia, ignorando por completo las necesidades reales de los trabajadores.

La capital, el área metropolitana y la Costa Tropical cumplen de sobra los criterios para ser declaradas Zonas Tensionadas bajo la Ley por el Derecho a la Vivienda. Exigimos a las administraciones que intervengan de inmediato para limitar el incremento de las rentas; la solución no pasa por desregular ni liberalizar suelo, sino por poner en marcha políticas públicas activas que movilicen el parque de viviendas vacías, regulen con firmeza los pisos turísticos y amplíen el parque público de alquiler permanente.

Ante la inacción institucional, desde UGT Granada vamos a llevar este combate directamente a los convenios colectivos. Impulsaremos medidas pioneras en la negociación sectorial: reclamamos pluses de residencia o vivienda para puestos situados en zonas tensionadas, préstamos de empresa a tipo cero para cubrir fianzas y entradas, y la vinculación de las revisiones salariales al índice de precios del alquiler local. Asimismo, exigiremos compromisos empresariales para ofrecer soluciones habitacionales dignas a los trabajadores de sectores con alta movilidad, como el campo o la hostelería, junto con servicios de asesoramiento jurídico en la empresa para el acceso a ayudas como el Bono Alquiler Joven.»

Universidad de Granada

Por último, el secretario General de UGT Granada, ha querido hacer una mención expresa al bloqueo del Grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales por parte de la agencia andaluza evaluadora (ACCUA) y la Junta de Andalucía, ya que trasciende con mucho un simple desacuerdo técnico: estamos ante una decisión política que supone un duro golpe a la Universidad pública de Granada y al futuro modelo productivo de nuestra provincia. Nos resulta incomprensible que el Rectorado se haya visto obligado a posponer su implantación, como mínimo, al curso 2027-2028 por trabas en la ponderación de créditos. No se puede permitir que una titulación estratégica, diseñada específicamente para nutrir de ingenieros de alta cualificación al acelerador de partículas IFMIF-DONES en Escúzar y validar los materiales de los futuros reactores de fusión, quede paralizada por pura rigidez administrativa.

Aunque reconocemos que el consorcio IFMIF-DONES y la UGR han articulado soluciones de contingencia mediante másteres y atracción de talento externo para evitar retrasos científicos en el proyecto horizonte 2033, esta brecha demuestra una gravísima incoherencia institucional. Es inaceptable que la administración promueva infraestructuras científicas de vanguardia en Granada mientras asfixia la capacidad de la universidad pública para formar a la juventud local que debería ocupar esos puestos de alto valor añadido.

Desde UGT Granada denunciamos que estas trabas responden a un claro afán privatizador: al ralentizar carreras tecnológicas públicas de alta demanda, la Junta le abre las puertas a las universidades privadas para que absorban ese mercado estudiantil. Tampoco aceptamos que se justifique el rechazo a nuevos grados alegando falta de profesorado, cuando la escasez de plantillas es consecuencia directa de sus propios recortes financieros. Exigimos a la Junta de Andalucía una dotación presupuestaria extraordinaria en Personal Docente e Investigador (PDI) y de Administración (PTGAS) que permita rectificar el plan de estudios, desbloquear esta carrera de forma inmediata y garantizar una universidad pública fuerte al servicio de Granada

Asimismo, se critica que la exclusión total de las Unidades de Excelencia de la Universidad de Granada por parte de la Junta de Andalucía supone un grave revés para el desarrollo de la provincia, ya que debilita el cambio del modelo productivo, frena la reindustrialización y dificulta la transferencia de conocimiento en sectores clave como la inteligencia artificial o la biotecnología. Asimismo, el sindicato advierte de que este recorte de recursos públicos destruye empleo cualificado, fomenta la precariedad y la «fuga de cerebros», ahonda en la desigualdad territorial y pone en riesgo el futuro socioeconómico de Granada al penalizar a la institución líder en I+D+i de la comunidad.

UGT-Servicios Públicos (SP) de Granada

Por su parte, Juana López, Secretaria General de UGT-SP de Granada ha manifestado que la preocupante situación de precariedad, falta de planificación y deterioro que atraviesan los servicios públicos esenciales de nuestra provincia. Afrontamos un inicio de curso escolar y el otoño con frentes abiertos en la sanidad, la educación, la administración local, el medio ambiente, los servicios postales y la atención social.

En Sanidad, la situación ha alcanzado un límite inaceptable con una constante escalada de agresiones hacia el personal. En 2025 cerramos con 201 agresiones. En lo que va de 2026 hemos visto episodios de violencia física y verbal en Padul, La Zubia, Gran Capitán, Santa Fe, Huétor Tájar, Ogíjares, Guadahortuna, Zafarraya, Motril, Dúrcal o a técnicos de emergencias en Guadix. Decimos alto y claro: ¡Basta ya! Cuidar no puede convertirse en una profesión de riesgo. Las demoras y carencias del sistema son responsabilidad de la Administración, no de quienes están en primera línea sosteniendo la sanidad pública. Exigimos tolerancia cero, más personal de seguridad y entornos de trabajo seguros.

En Educación, los preocupantes resultados del Informe PISA no deben utilizarse para culpabilizar a la comunidad educativa, sino para exigir mayor inversión. Reclamamos plantillas docentes completas desde el 1 de septiembre, la bajada de ratios por aula, más recursos para la atención a la diversidad (PT, AL, PTIS) y un refuerzo del personal de administración y servicios. Asimismo, en el ámbito universitario, afrontamos el inicio de curso 2026/2027 en el Campus de Ceuta de la UGR exigiendo que el plan de contingencia preserve estrictamente los derechos laborales, la seguridad y las cargas de trabajo del PDI y del PTGAS.

Respecto a la Administración Local y la atención a personas vulnerables, denunciamos la total incertidumbre que sufren los trabajadores y trabajadoras de los Centros Sociales de la Diputación en Armilla (especialmente del Centro Reina Sofía) tras los terremotos. Es inadmisible que, tras ser realojados más de 70 residentes, la plantilla siga sin un plan claro sobre sus turnos, traslados, conciliación o la renovación de más de 40 contratos temporales. Exigimos garantías, mantenimiento del empleo y una reunión urgente con la Diputación. Del mismo modo, ante el nuevo contrato provincial de recogida de residuos que afectará a 142 municipios, exigimos la subrogación total del personal y agilizar el convenio provincial de limpieza viaria, firmado en 2006 cuya vigencia es del 2004 al 2010, denunciado en 2023 pero sin avances significativos en la negociación , afectando aproximadamente a 500 trabajadores y trabajadoras del sector en Granada que llevan 20 años sin avances en sus condiciones laborales.

Por otro lado, este verano ha puesto al descubierto el ninguneo y el desmantelamiento de los Agentes Medioambientales y los servicios de prevención e incendios en Andalucía. La Junta de Andalucía conocía con años de antelación la oleada de jubilaciones anticipadas que se produciría en 2026 y no ha planificado el relevo generacional. En Andalucía debería haber más de 1.300 agentes y apenas quedan unos 600. Es indignante que desde canales oficiales se intentara invisibilizar su papel en la extinción de incendios. Exigimos ofertas de empleo público suficientes antes de que el servicio quede completamente desmantelado. Por otro lado la reorganización derivada de la creación de EMA ha supuesto que buena parte de los servicios transversales necesarios para el funcionamiento del dispositivo: contratación, Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales y otros permanezcan en AMAYA generando dificultades en la gestión de recursos necesarios para el funcionamiento diario del dispositivo como son: demoras en la licitación de contratos,  problemas en contratos de suministros., dificultades relacionadas con los EPIs,  unidades incompletas, problemas relacionados con determinados vehículos,  dificultades en la implantación de la nueva red de comunicaciones REJA. En un servicio de emergencias las deficiencias de gestión terminan teniendo consecuencias operativas.

Finalmente, no podemos olvidar el desmantelamiento de Correos en la provincia. Hemos pasado de 1.000 a 800 trabajadores activos, sufriendo un recorte del 40% en las contrataciones de refuerzo estival y padeciendo un 'cierre encubierto' en las zonas rurales. No podemos permitir que el código postal determine la calidad de un servicio público esencial ni la desigualdad entre los municipios de Granada.

Desde UGT Servicios Públicos Granada seguiremos en primera línea defendiendo los derechos de la plantilla y exigiendo a las distintas Administraciones más inversión, diálogo y condiciones dignas para mantener unos servicios públicos de calidad.

Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Granada

Alberto Sánchez, Secretario General de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Granada, ha valorado la situación de los trabajadores del sector de Oficinas y Despachos ante la expansión del teletrabajo en la provincia, así como el avance en las negociaciones del convenio del Metro de Granada.

En relación con las empresas tecnológicas y el empleo a distancia en enclaves como el Parque CITAI de Escúzar, Alberto Sánchez ha dejado claro que UGT no se opone al teletrabajo, sino a su mala aplicación. Para el responsable sindical, el trabajo a distancia representa una oportunidad indiscutible de desarrollo que el sindicato respalda firmemente, pero exige que su implantación garantice la conciliación, la desconexión digital, la prevención de riesgos y la seguridad jurídica. Trabajar a distancia para una empresa de Granada no puede significar en ningún caso perder derechos o sufrir peores condiciones respecto al trabajo presencial.

Respecto al conflicto laboral en el Metro de Granada, Alberto Sánchez ha reclamado unas condiciones salariales, laborales y sociales equiparables a las de los metros de Málaga y Sevilla, recordando que la plantilla granadina padece diferencias económicas históricas que superan el treinta por ciento. El Secretario General de FeSMC UGT Granada ha señalado que la propuesta de incremento salarial cercana al veinticuatro por ciento ofrecida por la empresa supone un acercamiento, pero ha subrayado que la negociación no puede reducirse solo al salario, sino que debe incluir mejoras firmes en descansos, jornadas y beneficios sociales. La asamblea de trabajadores decidirá el quince de septiembre si la propuesta resulta suficiente, una resolución que el sindicato respetará y respaldará en su labor de defensa de los derechos del colectivo.

Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada

Franciso Ruiz-Ruano, Secretario General de la Federación de -UGT Granada, ha comenzado su intervención destacando que el sindicato quiere un convenio del siglo XXI para el Manipulado Hortofrutícola; no podemos seguir encorsetados en referencias de hace medio siglo ni asumir como dogma 1.826 horas anuales que parecen intocables. La actualización salarial de 2026 no puede depender únicamente de la subida del SMI, la patronal debe sentarse a negociar de verdad salarios, jornada, conciliación y derechos. Además, estamos valorando coordinar actuaciones con Almería para defender nuestras condiciones sin fronteras provinciales y evitar que la amenaza de desplazar producción frena mejoras laborales. No queremos volver a cerrar de prisa en diciembre lo que debió negociarse todo el año.

Sobre el sector de Derivados del Cemento, exige que se cierre de una vez por todas la actualización salarial pendiente. Habiendo finalizado el pasado 21 de septiembre el plazo de la Comisión Mixta estatal sin resolución, hemos solicitado formalmente una nueva convocatoria al SERCLA para firmar las tablas salariales de 2024, 2025 y 2026 acordadas en el ámbito estatal. El procedimiento se ha cumplido y ya no hay margen para más dilataciones: ahora toca cumplir y firmar.

En el sector de la Construcción la situación salarial está resuelta para 2026, tras haberse actualizado las tablas y abonado los atrasos correspondientes a principios de año, por lo que volveremos a abordar las actualizaciones a partir del próximo ejercicio.

Y en el de la Madera vivimos una situación anómala por la desaparición de la patronal y la falta de interlocución. Por ello, estamos recurriendo a la vía judicial para exigir únicamente el cumplimiento de los incrementos previstos en el propio convenio durante su prórroga. La ausencia de la patronal no puede significar en ningún caso la congelación de los salarios de las personas trabajadoras.»

Por otro lado, la negociación del convenio del Metal roza una situación preocupante ante la falta de avances y las propuestas insuficientes de la patronal tras meses de reuniones. Hemos planteado propuestas realistas en salarios, jornada, clasificación profesional o prevención del estrés térmico, pero la parálisis empresarial está generando un gran malestar en las plantillas. Si no hay un cambio de actitud, valoraremos la convocatoria de una asamblea general de delegados como antesala de movilizaciones mayores; la patronal aún está a tiempo de evitar que el conflicto salte a la calle.

Por último, recuerda que los cuatro fallecidos en accidente laboral en Granada este año, dos de ellos concentrados en solo 24 horas, vuelven a situar la prevención en el centro. Aunque la prevención es responsabilidad compartida, son las empresas quienes organizan el trabajo y disponen los medios de seguridad. Por eso volvemos a exigir la figura del delegado sectorial provincial de prevención para llegar a las PYMEs sin representación. En seguridad no existen “trabajos de cinco minutos”, la frase “si es solo un momento” es la que más daño hace; queremos volver del trabajo exactamente igual que llegamos: vivos y enteros.

Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT de Granada

Mercedes Martín, Secretaria General de UJP-UGT Granada, denuncia la precariedad y las desigualdades que afectan a los pensionistas de la provincia, dividiendo el problema en dos grandes áreas.

Por un lado, señala la existencia de una profunda brecha de género y pensiones bajas. Aunque la revalorización de las pensiones beneficia a más de 206.000 granadinos, la trayectoria de salarios históricamente bajos provoca que la pensión media en Granada se sitúe en 1.184 euros al mes, por debajo de la media nacional. Esta disparidad laboral se traslada a la jubilación y se agrava en prestaciones como las de viudedad, que afectan mayoritariamente a las mujeres y no alcanzan los 980 euros mensuales.

Por otro lado, califica de emergencia social el colapso del sistema de atención a la dependencia. Actualmente existen más de 6.000 personas atrapadas en listas de espera con una demora media de 14 meses para resolver los expedientes, lo que triplica el límite legal de 180 días. Esta tardanza provoca que entre 800 y 1.000 personas fallezcan cada año en la provincia sin haber recibido la ayuda o la plaza solicitada. Además, las esperas de hasta dos años para obtener plazas concertadas obligan a las familias a recurrir a residencias privadas que superan los 2.000 euros al mes, una cifra inasumible para la mayoría de las pensiones. Por todo ello, desde UJP-UGT exigen políticas de empleo digno para garantizar cotizaciones futuras y reclaman a la Junta de Andalucía un plan de choque urgente dotado de presupuesto e incremento de personal valorador para frenar el deterioro de la atención a los mayores.

Por último, anuncia la concentración que el sindicato realizará el próximo 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, a las 11h., en la entrada de la Delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Granada.