Desde UGT-Servicios Públicos de Granada se denuncia públicamente el drástico recorte que el Ayuntamiento de Granada prevé aplicar al Servicio de Ayuda a Domicilio Comunitario de urgencia, reduciendo la prestación de 15.000 a tan solo 6.000 horas mensuales. Esta medida supone un tijeretazo del 60% en la cobertura de una prestación esencial para la ciudadanía granadina.

La Ayuda a Domicilio Comunitaria, explican desde el sindicato, está diseñada para atender a personas que necesitan el servicio de forma urgente, al contrario que la Dependencia, donde hay largar listas de espera, y tristemente, muchas personas fallecen sin que se les conceda o que se les reconozca la prestación.

Desde UGT señalan que este tijeretazo de 9.000 horas mensuales tendrá consecuencias devastadoras en dos frentes claros:  por un lado, la drástica reducción horaria derivará inevitablemente en despidos, destrucción de empleo cualificado (mayoritariamente femenino) y la reducción de jornadas para las trabajadoras del servicio; por otro, cientos de familias y personas vulnerables de la capital granadina verán drásticamente reducido o directamente eliminado el apoyo que reciben a diario, dejándolas en una situación de desamparo.

El sindicato ha dirigido sus críticas directamente a la concejala responsable del área social en el Consistorio granadino, censurando una gestión que "antepone el ahorro presupuestario a los derechos sociales básicos". Según la organización sindical, resulta inaceptable que desde la concejalía se prioricen los criterios economicistas y el saldo de las cuentas municipales por encima de la prestación de un servicio público esencial del que dependen los colectivos más desfavorecidos de la ciudad.

UGT exige al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada la paralización inmediata de esta medida, la restitución de la totalidad de las horas del servicio y la apertura de una mesa de diálogo urgente para blindar la atención a la ciudadanía y los puestos de trabajo. No podemos permitir, concluyen desde el sindicato, que se desmantele un servicio público tan crucial, ni que se castigue a trabajadores, usuarios y familiares de estos.