ACAIP-UGT ha celebrado este avance legislativo, aunque advierte de que el cambio normativo no resolverá por sí solo los problemas de seguridad que afrontan los trabajadores penitenciarios. El sindicato pone el foco en la situación del Centro Penitenciario de Albolote y del Centro de Inserción Social (CIS) de Granada, donde denuncia episodios de tensión, amenazas y violencia que, a su juicio, requieren una respuesta más contundente de la Administración.

La organización sindical sostiene que la creciente complejidad de la población reclusa, unida a unas relaciones de puestos de trabajo (RPT) que considera obsoletas, dificulta la prevención de incidentes y la actuación de los profesionales ante situaciones conflictivas. Por ello, reclama cubrir las vacantes, ampliar y actualizar las plantillas y dotar a los centros de recursos suficientes para garantizar la seguridad.

ACAIP-UGT sitúa el origen de esta conquista en 2006, cuando comenzó a reclamar el reconocimiento de los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad. La demanda se incorporó a su programa electoral en 2015 y, desde entonces, el sindicato asegura haber mantenido contactos con representantes de PSOE, PP, Vox y Sumar para impulsar una reforma que reforzara la protección jurídica de los trabajadores.

El pasado 26 de septiembre, la organización solicitó formalmente al presidente del Senado que acelerara la tramitación de la norma para evitar nuevas demoras. La reforma incorpora garantías relacionadas con la autoridad, la indemnidad y el valor probatorio de determinadas actuaciones profesionales.

El nuevo marco reconoce a los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad cuando desempeñen sus funciones y extiende al personal laboral la misma protección penal. También permite que los funcionarios se identifiquen mediante su número profesional en los procedimientos administrativos y judiciales derivados de su actividad.

Asimismo, los informes sobre hechos presenciados por estos trabajadores en los procedimientos disciplinarios penitenciarios tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario. La norma incluye, además, el principio de indemnidad, que obliga a la Administración a resarcir los daños personales o materiales sufridos por razón del servicio, en los términos previstos legalmente y siempre que no exista dolo, culpa o negligencia grave. Esta garantía también se extiende al personal laboral.

Pese a la entrada en vigor de la reforma, el sindicato insiste en que la protección jurídica debe ir acompañada de medidas concretas para reducir la conflictividad en los centros penitenciarios. Entre sus principales demandas figura la aprobación de un protocolo eficaz frente a las agresiones que contemple no solo los ataques físicos, sino también las agresiones sexuales, las amenazas y la atención a las víctimas.

ACAIP-UGT reclama igualmente reforzar la asistencia sanitaria y psiquiátrica, cuya insuficiencia, según denuncia, repercute en la seguridad de los centros y en las condiciones en las que los profesionales desarrollan su trabajo.

La organización sindical ha reconocido la labor de las plantillas del centro penitenciario de Albolote y del CIS de Granada, además de trasladar su apoyo a los trabajadores que han sufrido agresiones durante el desempeño de sus funciones.