La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Granada señala que, aunque los convenios de colaboración público-privada son legales, externalizar competencias clave como el otorgamiento de licencias e inspecciones amenaza la imparcialidad, la igualdad y la calidad del empleo público. Y denuncia que esta medida responde a una estrategia de vaciamiento de lo público mediante el menoscabo de la plantilla municipal y la no cobertura de plazas.

Ante el reciente acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre el «Convenio de colaboración entre los colegios profesionales y el Ayuntamiento en los Procedimientos de Licencias, Declaraciones responsables e Inspección urbanística», la Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Granada ha manifestado su firme postura sobre el impacto de esta medida en la gestión municipal y la ciudadanía.

Desde el sindicato aclaran que la colaboración público-privada es una fórmula administrativa plenamente legal, regulada en la legislación general y consagrada en la Ley Urbanística de Andalucía (LISTA). Sin embargo, UGT enfatiza que la discusión no gira en torno a su legalidad, sino al riesgo real de su aplicación concreta.

UGT califica de «peligro» la cesión indirecta de materias que atañen a competencias estrictamente públicas, como el otorgamiento de licencias, la tramitación de declaraciones responsables y el control de la inspección urbanística. Desde la organización sindical recuerdan que en el ámbito urbanístico la Administración no solo debe actuar con escrupulosa legalidad, imparcialidad e igualdad, sino también ofrecer una total garantía y transparencia ante la ciudadanía.

La garantía de igualdad ante toda la ciudadanía que exige la actividad urbanística no casa bien con esta nueva externalización de servicios, señalan desde la representación de UGt en el Ayuntamiento de Granada, advirtiendo que este tipo de decisiones derivan en un vaciamiento de lo público, la desmotivación de la plantilla municipal y un progresivo relajamiento de las funciones de control.

Para UGT, este convenio no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica reiterada por parte del equipo de gobierno municipal. El sindicato denuncia una hoja de ruta caracterizada por el menosprecio a la plantilla, la falta de cobertura adecuada de plazas, la reducción continua de puestos y la paulatina privatización de servicios esenciales para que sean prestados desde el sector privado.

Resulta fácil descubrir las intenciones del Gobierno municipal cuando se atacan los servicios públicos para justificar su externalización, concluyen desde la Sección Sindical de UGT.