Las secretarias generales de ambas centrales sindicales en Jaén, acompañadas de los secretarios generales de Pensionistas de UGT y CCOO,  María del Carmen Cano y Alberto Castro  respectivamente, han desmontado el “falso relato del conflicto intergeneracional”, recordando que las personas mayores son el pilar de la cohesión social y económica del país mediante su aportación fiscal, su participación comunitaria y el sostén cotidiano a las familias.

La secretaria general UGT Jaén, Pilar Gil ha subrayado que Jaén, con 620.000 habitantes, cuenta con una de las poblaciones más envejecidas de Andalucía. Ha cifrado la pensión media de jubilación en 1.315 euros mensuales, señalando que “más de 140.000 jubilados y jubiladas en la provincia tienen que hacer malabares para pagar vivienda, luz, alimentación y medicinas. Nadie debería tener miedo a jubilarse tras toda una vida cotizando».

En materia de dependencia, la secretaria general de UGT Jaén ha denunciado que, pese a contar con 37.000 personas beneficiarias en la provincia, la demora en Andalucía alcanza los 415 días (casi 14 meses), rebasando ampliamente el límite legal de 6 meses. Aunque ha valorado de forma positiva el aumento a 2.129 plazas residenciales concertadas en la provincia, ha reclamado seguir incrementando las plazas públicas para evitar que los mayores tengan que abandonar sus pueblos y alejarse de sus familias.

Junto a la problemática provincial ambos sindicatos  han trasladado las propuestas legislativas y sociales recogidas en el Manifiesto Estatal del 1 de Octubre:

• Marco legal e institucional: Exigencia de una Ley Integral de los derechos de las personas mayores y la firma de un Gran Pacto Social por el Envejecimiento Digno que garantice su protección jurídica, sanitaria, de vivienda y cultural.

• Defensa de las Pensiones Públicas: Garantía de revalorización ligada al IPC, sostenibilidad dentro del diálogo social, reducción de coeficientes reductores por jubilación anticipada en largas carreras de cotización y erradicación de la brecha de género (que en Jaén roza el 30% en las pensionistas).

• Sanidad Pública y Salud Mental: Incremento del gasto sanitario para reforzar la atención primaria, frenar la concertación con entidades privadas, potenciar la geriatría y situar el bienestar emocional y la salud mental en primera línea pública.
• Entornos accesibles y brecha digital: Aumento de la inversión pública en dependencia hasta el 2% del PIB en una década, erradicación de la pobreza energética mediante bonos sociales y garantía por ley de la atención presencial obligatoria en servicios bancarios, sanitarios y de la administración pública.

Defender los derechos de las personas mayores no es restar recursos a los jóvenes; es proteger el bienestar presente y futuro de toda la ciudadanía y garantizar que envejecer en nuestra tierra se haga con dignidad, autonomía y justicia social”, han concluido los sindicatos.