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1. Falsedad técnica: Los trabajadores ya cobran menos estando de baja

El argumento de Feijóo se basa en que los trabajadores que faltan mantienen íntegro su sueldo, lo cual es legalmente falso según la normativa de la Seguridad Social: 

Días 1 al 3: El empleado no percibe absolutamente nada de su salario.

Días 4 al 20: Se reduce el sueldo, cobrando solo el 60% de la base reguladora.

Día 21 en adelante: El ingreso se limita al 75% de la base reguladora.

La excepción de los convenios: Los casos en los que se cobra el 100% ocurren porque patronal y sindicatos han pactado voluntariamente un complemento en sus convenios colectivos.  Estos complementos se financian con cesiones en otras partes de la negociación.

 2. Confusión malintencionada entre "baja médica" y "absentismo"

Feijóo mete en el mismo saco las ausencias injustificadas y las bajas por enfermedad. Como recordó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el absentismo no justificado ya conlleva sanciones directas en la ley vigente. Además, los datos estadísticos reflejan que la inmensa mayoría de las ausencias (alrededor del 80%) están plenamente justificadas bajo criterio médico. 

3. Cuestionamiento implícito a los profesionales sanitarios

Dado que las bajas laborales por incapacidad temporal son prescritas y firmadas obligatoriamente por un médico del servicio público de salud, Feijóo alimenta de forma velada la sospecha de fraude generalizado tanto en los pacientes como en los facultativos que emiten los partes. 

4. El verdadero origen del retraso: Las listas de espera de la Sanidad Pública

 El encarecimiento y la mayor duración de las bajas no se debe a la "picaresca" del empleado, sino al deterioro de la atención primaria y las listas de espera en las comunidades autónomas. Es un problema de gestión pública y no de fraude laboral. 

5. Fomento del "presentismo" y riesgos para la salud pública

 "Estar enfermo no es una elección". Reducir aún más los ingresos obligaría a las personas con menos recursos a acudir a sus puestos de trabajo enfermas o sin estar recuperadas. Esto no solo vulnera el derecho a la salud del propio empleado, sino que eleva exponencialmente el riesgo de accidentes laborales y los contagios de enfermedades comunes dentro de las plantillas