A nivel nacional, desde 2003, un total de 1.099 mujeres han sido asesinadas por violencia machista. Además, el número de menores huérfanos/as por violencia de género asciende a 8 en 2021 y a 312 desde que empezaron a contabilizarse en 2013, según datos del Ministerio de Igualdad. En Andalucía 218 mujeres han sido asesinadas desde este periodo, y existen 58 menores en situación de orfandad.

La violencia vicaria, es decir, el asesinato por parte de los padres o parejas de de los hijos e hijas de las mujeres a las que quieren dañar, se ha cobrado la vida de 38 menores desde 2013 (fecha en la que se empezaron a contabilizar oficialmente), 8 asesinatos han sido en Andalucía.

Con estos datos, desde UGT Andalucía nos seguimos planteando si el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es suficiente, si no trabajamos en la prevención de violencia de género desde la educación, si no se sensibiliza y se forma en igualdad al poder judicial y se sigue otorgando visitas y custodia a maltratadores, si seguimos cuestionando que la violencia tiene género y tolerando los discursos de la ultraderecha, si no dotamos de recursos a las administraciones para que las víctimas se sientan respaldadas esto no va a cambiar y el panorama es desolador.

La pérdida de control de los maltratadores con sus víctimas a partir de la finalización del estado de alarma y de los confinamientos domiciliario es lo que ha producido el aumento de los asesinatos en los últimos meses. UGT Andalucía ya denunció la terrible situación en la que quedaban las mujeres víctimas de violencia de género cuando se vieron obligadas a confinarse con sus maltratadores.

UGT Andalucía insta a los poderes públicos a reaccionar con más medios para salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad física y mental de las mujeres y de sus hijos e hijas. Es necesario plantearse un cambio en la práctica de otorgar las custodia y el régimen de visitas a los padres cuando existe violencia de género y amenaza a los menores. Hay que pedir responsabilidades cuando hay resoluciones judiciales fallidas con resultado de muerte de mujeres y menores, o cuando no hay una protección efectiva de las mujeres y sus hijos/as tras una denuncia, cuando un estado no protege, ni el sistema judicial ampara, estamos siendo cómplices.