Por un lado, el PIB estatal redujo su ritmo de crecimiento hasta apenas el 0,4% con respecto al trimestre anterior, lo que se traduciría en una importante ralentización, 16 puntos menos, con respecto a la recuperación mostrada en el trimestre anterior (16,4%).  De esta forma, la tasa de variación interanual del PIB sufriría en nuevo varapalo ya que, no solo rompe la tendencia a la recuperación mostrada el trimestre anterior sino que supone un nuevo debilitamiento de la misma, en este caso, pasando a mostrar un descenso interanual de la economía (-9,1%) una décima mayor al obtenido en el tercer trimestre del pasado 2020.

En cuanto al IPC, de confirmarse estos datos, cuando conozcamos los valores definitivos a mediados de febrero, la tasa interanual de inflación se habría disparado hasta el 0,6%, 1,1 puntos superior a la registrada el mes pasado (-0,5%). De esta forma, se confirmaría un importante incremento del nivel general de precios, a pesar de que el crecimiento mensual fue solo de una décima, provocado, principalmente, por la destacada subida del precio de la luz, del gas y de algunos alimentos, todos ellos productos imprescindibles en la cesta de la compra de los hogares trabajadores andaluces.

La situación cada vez es más preocupante para las economías domésticas. La segunda y la tercera ola de la pandemia, casi solapadas, han conllevado la implantación de medidas que, aunque necesarias para doblegar la curva de contagios, han vuelto a suponer un duro golpe para la reactivación económica, acabando con cualquier sueño de aquella ansiada “recuperación en v” y generando un nuevo clima de incertidumbre, cierre de empresas, ERTEs y despidos.

Ante esta situación, los gobiernos tienen que dar un paso al frente y potenciar una fuerte red de protección social. Los ERTEs han funcionado y el reciente Acuerdo de prolongación es una buena noticia, pero tenemos que ir más allá. Salir de la crisis sin dejar a nadie atrás no puede ser solo un eslogan gubernamental y tiene que plasmarse en actuaciones concretar y en una clara voluntad política de socializar la economía en búsqueda de un modelo de desarrollo socioeconómico que ponga fin al empobrecimiento masivo de la población, que potencie la justa redistribución de la riqueza generada y que acaba con las desigualdades, en todas sus manifestaciones.