1. ESENCIAL PARA LA OIT

La relevancia de la participación institucional, en materia sociolaboral y económica, es reconocida por múltiples normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la nueva Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo. De esta forma, se entiende que nos convertimos en un elemento esencial para la justicia social y el avance democrático.

2. MANDATADA POR LA UE

La misma Comisión Europea ha querido poner en valor como el diálogo social europeo ha desempeñado un papel muy destacado colaborando en la puesta en funcionamiento de una Europa ampliada, mejorando los niveles de gobernanza. Igualmente, la Unión Europea hizo un llamamiento expreso al diálogo social en el desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales y estableció el deber de consulta a los interlocutores sociales en el diseño y en la aplicación de las políticas sociales, económicas y laborales.

3. AMPARADA POR LA CE Y EL EA

Según la Constitución Española, las organizaciones sindicales y empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios. Los poderes públicos facilitarán la participación en la vida política, económica, cultural y social. El Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce como objetivo básico el diálogo y la concertación impulsada mediante la participación de las organizaciones sindicales y empresariales.

4. INCLUIDA EN EL PACTO

El inicio de la tramitación parlamentaria de esta norma supone también un nuevo “clic” que anotar en las medidas puestas en marcha incluidas en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. Es cierto que con un año de retraso sobre el calendario previsto pero, a pesar de ello, el calado y la necesidad de contar con una norma que cumpliera con las expectativas de las organizaciones firmantes de la concertación social bien ha merecido la pena.

5. A LA ALTURA DE OTRAS CCAA

Con un amplio respaldo normativo e institucional, y ante las particularidades del nuevo panorama social, geopolítico y económico en el que nos encontramos, parece demostrada la necesidad de, de una vez por todas, potenciar la participación institucional en Andalucía como se merece. En este sentido, no podemos olvidar que la mayor parte de las Comunidades Autónomas, todas menos País Vasco, Asturias y, hasta ahora Andalucía, cuentan ya con una norma de este tipo.

6. DIÁLOGO Y GOBERNANZA

Esta Ley es, sin duda, un importante refuerzo institucional al Diálogo Social y viene a reconocer la relevante función que llevamos a cabo las organizaciones participantes las que, legitimante, defendemos y promovemos los intereses económicos y sociales de la ciudadanía andaluza. Demostrando así que el diálogo sosegado, fluido, constructivo y eficaz, entre los que representan los distintos intereses colectivos de la ciudadanía, es la mejor y más eficiente manera de hacer política de desarrollo socioeconómico y de prosperidad

7. RECONOCIMIENTO FORMAL

El diccionario de la Real Academia Española define participar como intervenir, actuar, coparticipar, implicarse, términos todos ellos que definen, a la perfección, la intención de UGT Andalucía en lo que a diseño, seguimiento y evaluación de la política socioeconómica regional se refiere. Participación, que se viste de institucional, cuando la posibilidad de llevarla a cabo se obtiene como reconocimiento a la labor de representación, de los legítimos derechos e intereses de la clase trabajadora andaluza, que lleva a cabo nuestro Sindicato en Andalucía.

8. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

A partir de ahora, los andaluces y andaluzas vamos a contar ya con una norma que pasa a establecer las bases legales para que la participación institucional en nuestra tierra se lleve a cabo con unas reglas de juego legalmente reconocidas, transparentes, eficaces y equitativas. Una Ley que establece, claramente, el ámbito y los cometidos propios de esta participación institucional, que diseña su forma de organización y sus reglas de funcionamiento y que garantiza la financiación necesaria para que la misma se pueda hacer dentro de unos estándares de calidad, tanto cuantitativos como cualitativos.

9. EXPERIENCIA Y LEALTAD

Andalucía pone en valor la amplia tradición y experiencia que, en materia de Concertación Social y lealtad institucional, tenemos en nuestra tierra y que siempre ha evidenciado su eficacia en la búsqueda y consecución de los objetivos de desarrollo socioeconómico y de prosperidad establecidos por la política económica regional.

10. OTRA FORMA DE POLÍTICA

Una manera de hacer política que nada tiene que ver con el clima de lodo, al que estamos asistiendo a nivel estatal. Como en economía, las cosas se pueden hacer de otra forma. Frente al ruido y la confrontación, en Andalucía apostamos por propiciar la participación de sindicatos y patronal en los órganos constituidos por las distintas entidades públicas, así como en la mayor parte de los ámbitos de negociación, entendiendo la concertación y el diálogo social, como la base, la piedra angular sobre la que construir el modelo de sociedad andaluza del bienestar que queremos para la ciudadanía actual y para las generaciones venideras.