Los datos del Avance de Accidentes de Trabajo en nuestra provincia en el primer trimestre del año 2020, señalan que se han producido 4.749 accidentes de trabajo (4.044 en jornada laboral y 705 in itinere), lo que supone 937 accidentes menos que el año anterior y un descenso del 16,48%.

Se registraron un total de 4 accidentes mortales (2 en jornada y 2 in itinere), 1 menos que el año pasado y un descenso del 20%. La precariedad en el trabajo sigue matando.

Este importante descenso de siniestralidad ha sido debido al parón que ha sufrido el mundo laboral a raíz del Estado de Alarma, provocado por el COVID-19 y se concentra en los sectores Agrario con una bajada del 34,34%,  la Industria con una bajada del 11,55%, la Construcción con el 15,70% y los Servicios con el 16,06%.

De los 4.749  accidentes de trabajo con baja 3.289 afectaron a hombres un 16,57% menos que en el mismo periodo de 2.018, mientras que 1.460 afectaron a mujeres un 16,28% menos que en el mismo periodo de 2.018.

Entre los trabajadores autónomos se produjeron 241 accidentes durante la jornada laboral, con un índice de incidencia de 68,18 accidentes por cien mil trabajadores.

Entre los trabajadores asalariados se produjeron 4.044 accidentes durante la jornada laboral, con un índice de incidencia de 277,27 accidentes por cien mil trabajadores.

El índice de incidencia de los accidentes con baja durante la jornada laboral ha descendido en un 16,03% respecto al 1º Trimestre de 2.018, siendo de 234,42 accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores.

Desde UGT, siempre hemos defendido que la salud laboral for­ma parte de manera indisociable de la salud pública y esa realidad se ha hecho evidente con rotundidad con la pandemia de COVID-19. De hecho, los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vin­culados son, lamentablemente, importantes vectores de propagación del virus, tanto en los sectores esenciales que están garantizando la salud y los suministros de la población como en empresas que no for­man parte de ellos.

También venimos alertando de la contradicción entre el mantenimiento de un sistema económico que prima la obtención de be­neficios empresariales frente a la salud de las personas trabajadoras.

Se ha producido una reducción de inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva. En la última década asistimos a un repunte de los accidentes de trabajo, al ocultamiento y subregistro de las enfermedades profesionales y nos acostumbramos a que el lema "la precariedad laboral mata" se hiciera recurrente en las campañas sindicales de denuncia.

Por último, en estos días son muchas las voces que insisten en que tras la pandemia se configurará un mundo diferente, aunque nadie se atreve a asegurar cuál va a ser la dirección de esa reformulación. En la pequeña escala del ámbito de la prevención española es necesario un cambio de paradigma para que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras se conviertan en la prioridad inexcusable y en el eje sobre el que pivote todo el sistema. Pero para ello será necesaria la moviliza­ción del conjunto de la clase trabajadora, no sólo de nuestro país, para que el sistema económico y de relaciones sociales que nos dotemos no se contraponga a la salud y la vida.