Según datos del Sistema Integrado de Servicios Sociales, en Andalucía hay 581.438 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Málaga es la segunda provincia andaluza con más personas con discapacidad, después de Sevilla, concretamente con 118.511 personas, más de la mitad mujeres. Además, ocupa el primer lugar si se trata de discapacidad física, con 49897 personas registradas.

En cuanto al empleo de las personas con discapacidad en Andalucía, los contratos fueron 4640 en octubre, la mayoría, 3165, temporales, a mayores de 45, en el sector servicios y un 62.5% a hombres. Por tanto, podemos decir que el perfil de la persona con discapacidad trabajando es hombre mayor de 45 años, con contrato temporal y en el sector servicios.

El número de personas con discapacidad paradas en Andalucía es de 31591, el 52% mujeres y el 48% hombres.

Ante esta situación, la secretaria de igualdad de UGT Málaga, Cristina García, señala “se observa que las personas con discapacidad, tienen importantes dificultades para acceder y permanecer en el empleo, y cuando lo hacen no lo realizan en las mismas condiciones que el resto de trabajadoras y trabajadores. Por tanto, es imprescindible una acción sindical basada en los principios de igualdad de trato y oportunidades.

UGT Málaga aboga por soluciones orientadas a la adaptación o recolocación del trabajador/a que se encuentra con una discapacidad sobrevenida, en lugar de que se extinga su relación laboral con la empresa.

Desde UGT queremos hacer de la negociación colectiva un instrumento para la inclusión que promueva el empleo ordinario y el desarrollo laboral y social de las personas con discapacidad, incluyendo cláusulas en los convenios para evitar despidos tras un accidente o enfermedad, para la adaptación del puesto de trabajo y readaptación profesional.

En definitiva, UGT Málaga velará por el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, por entornos laborales accesibles, fomentando la formación y sensibilización de trabajadores/as y empresas, y una financiación suficiente en los servicios de atención y apoyo a las personas con discapacidad.