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UGT apoya a los profesores asociados de la UGR, en defensa de sus derechos laborales y académicos

UGT apoya a los profesores asociados de la UGR, en defensa de sus derechos laborales y académicos

31/01/2023 |

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La Sección Sindical de UGT en la Universidad de Granada  ha asistido este martes 31 de enero a la concentración convocada por el colectivo del profesorado asociado en la UGR, frente al Rectorado, contra la precariedad laboral y académica de esta figura contractual, agravadas con la inminente aprobación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que aún se tramita en el Senado. La aplicación de esta Ley, que paradójicamente debe asegurar la estabilidad laboral, conlleva el riesgo de dejar en la calle a miles de profesores de universidad en todo el país.

Esta protesta se emprendía en sintonía con las realizadas en otras universidades españolas, en las que los Profesores Asociados también han iniciado protestas, llegando hasta la convocatoria de una huelga.

En la movilización estuvieron presentes los candidatos a Rector, Pedro García y Pedro Mercado. Al final, de la protesta se leyó un Manifiesto por el presidente del Comité de Empresa del PDI Laboral, Miguel Ángel Motos, documento que fue trasladado a la Rectora, sustituida en esta ocasión, por el vicerrector de PDI Fernando Cornet, con el que una comisión de los Profesores Asociados presentes en la Concentración, debatió su difícil situación actual. estabilidad del profesorado universitario.

UGT de la Universidad de Granada estuvo apoyando la protesta, ha mostrado su apoyo desde que se planteó y seguirá haciéndola en defensa de las justas reivindicaciones de este colectivo.

MANIFIESTO:

Las profesoras y profesores Asociados de la Universidad de Granada le comunican que inician movilizaciones en defensa de sus legítimos derechos laborales y académicos, en sintonía con el resto del profesorado Asociado de la Universidad Pública Española.

La inminente aprobación en el Senado de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), va a conducir a la pérdida de su condición de profesor Asociado a miles de docentes que no podrán acogerse a los cambios que propone una Ley que, de forma paradójica, pretende la estabilidad laboral. Creemos que esta Ley no podría haberse aprobado sin la complicidad, tácita o manifiesta, de las propias universidades, que ni reconocen la labor imprescindible del colectivo durante los años de la crisis económica (2007 en adelante) ni parecen comprometerse con la modernización de la Universidad que pasa, entre otros aspectos, por la definitiva integración del conocimiento con la “experiencia”; siendo esta justamente aportada por el profesorado Asociado.

Desde hace muchos años el profesorado Asociadode la Universidad de Granada ha encabezado las legítimas reivindicaciones del colectivo, que han sido sistemáticamente ignoradas, cuando no directamente conculcadas. Fruto de esta lucha ha sido un progresivo cambio de actitud de nuestra universidad que, siendo estimable, sin embargo no es suficiente.

Más allá de la nueva Ley, cada universidad dispondrá de un margen de maniobra para adaptar sus contenidos a su realidad particular. Queremos hacer constar que esperamos no solo la defensa general de la figura contractual, sino la implicación absoluta de nuestro equipo rectoral en la búsqueda e implementación de soluciones satisfactorias, que no dejen a nadie por el camino durante el proceso de transformación de la actual figura a las nuevas que contempla la LOSU.

El profesorado Asociado reivindica y solicita el apoyo explícito de la SRA. RECTORA a las siguientes peticiones:

1º Conseguir la estabilización laboral indefinida de todo el profesorado Asociado, en su plaza actual o permitiendo su promoción, sin que este proceso pueda suponer, en ningún caso, la pérdida del puesto de trabajo actual.

2º No reducción salarial ni de la carga docente de los actuales contratos del profesorado Asociado.

3º Reconocimiento efectivo de las horas de trabajo.

4º Reconocimiento del derecho a la solicitud de complementos docentes (quinquenios), investigadores (sexenios) y autonómicos.

5º Reconocimiento del derecho a la participación en la gestión e investigación en el ámbito universitario.

6º Plena integración de la figura contractual en las políticas sociales universitarias.