UGT Andalucía

Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos y se conmemora porque en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración cumple hoy 70 años, y lamentablemente contiene derechos que son vulnerados constantemente. Por ello, desde la Unión General de Trabajadores de Andalucía exigimos a todos los Poderes Públicos que garanticen el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La igualdad y la no discriminación, la ausencia de esclavitud, el derecho a buscar asilo, la libertad de pensamiento, opinión, asociación, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la vivienda, los derechos sindicales, el derecho al trabajo y a una remuneración que garantice la dignidad… son derechos contemplados en dicha Declaración y son vulnerados a nivel nacional e internacional en distintas formas, dejando un rastro de discriminación, pobreza, persecución, desigualdad, explotación y condenando a millones de personas.
Después de 40 años aún tenemos un panorama desolador y desde UGT Andalucía queremos poner énfasis y resaltar las situaciones de desigualdad que actualmente viven miles de personas:
- Los derechos en el trabajo son derechos humanos, fundamentos de la justicia social y económica. Los trabajadores y las trabajadoras están sufriendo cada vez más inseguridad en el empleo, debido a una gran precariedad, alto volumen de desempleo, bajos salarios y situaciones de discriminación en el acceso y el mantenimiento del empleo de jóvenes, mujeres, etc. A ello se une un empobrecimiento cada vez mayor de los pensionistas.
Desde 2010, se han producido recortes de derechos disfrazados en "reformas" y ha prevalecido una política que ha velado por los intereses de las grandes empresas y de las entidades financieras frente al interés general y la protección de las personas. Asimismo, se ha tratado de acallar la protesta social y el derecho a huelga, estableciendo la conocida como Ley Mordaza. Hay unos 300 sindicalistas procesados por ejercer el derecho a huelga, y por lo que pedimos celeridad al Gobierno para que proceda a la derogación de todas estas leyes que han coartado las libertades y la democracia.
- El derecho a la vivienda aún sigue siendo dramático. Miles de ciudadanas y ciudadanos se han visto desahuciados de su hogar por no poder hacer frente a su hipoteca o alquiler, y tantos trabajadores y trabajadoras que no pueden acceder a ella, aún trabajando, porque su contrato de trabajo está marcado por la precariedad derivada de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial involuntaria.
Apelamos por una reforma legal para que el derecho a la vivienda se configure como un verdadero derecho subjetivo y, como complemento del mismo, asegurar el acceso de las personas más vulnerables a unos suministros básicos; incrementar hasta un 1,5% del PIB en inversión en vivienda; crear, por parte de las administraciones públicas, un potente parque social de viviendas en alquiler; apostar decididamente por la rehabilitación para intentar conseguir casas más eficientes, sostenibles y accesibles…
- El derecho a la igualdad es un derecho humano, que hace referencia al reconocimiento de los estados, del principio de igualdad efectiva y no discriminación de su población, tanto en su ordenamiento como en la creación y aplicación de medidas que impulsen dicha igualdad en sus diferentes políticas públicas y actuaciones cotidianas.
No habrá una sociedad fuerte ni libre si no se parte de un modelo basado en la igualdad de oportunidades, de trato y no discriminatorio. El actual modelo económico y de relaciones laborales pretende expulsar a las mujeres, a la juventud, así como otros sectores de población o colectivos como mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, colectivo LGTBI, o cualquier otra persona con diferentes condiciones sociales.
 Por ello, queremos reiterar la necesidad y el firme compromiso que debemos tener todos y todas en la defensa de la igualdad, lo que comprende a todas las personas, independientemente de su sexo o sus circunstancias personales y/o sociales.

Es por esto, que el Gobierno debe comprometerse con el reparto justo de la riqueza para que los beneficios económicos lleguen a todos y a todas, y no a unos pocos y a que se cumpla y vele por lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.