Los sindicatos defienden que la salud laboral forma parte indisociable de la salud pública
Cada 28 de abril UGT y CCOO de Córdoba recordamos a las personas trabajadoras que están detrás de las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales, denunciamos las precarias e injustas condiciones de trabajo y realizamos propuestas de cambio en la normativa y en las políticas para mejorar la salud y la seguridad de la clase trabajadora.
Pero este 2020 no puede ser un 28 de abril como el de otros años. Nos enfrentamos a una crisis mundial de salud pública que ya ha supuesto el contagio de centenares de miles de personas, ha tensionado los sistemas sanitarios, ha paralizado gran parte de la actividad económica del país y, lo más grave y doloso, se ha llevado decenas de miles de vidas. Este año nuestro recuerdo debe ser para esas víctimas, pero también para todas aquellas personas que, desde sus puestos de trabajo, son el principal baluarte de defensa frente a la enfermedad, poniendo en riesgo su salud y, en demasiadas ocasiones, sus propias vidas.
Desde UGT Y CCOO siempre hemos defendido que la salud laboral forma parte de manera indisociable de la salud pública, realidad que se ha hecho evidente con la pandemia del COVID-19.
CCOO y UGT venimos alertando de la reducción de inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas, y como esto va unido al aumento de los accidentes de trabajo. La debilidad del sistema preventivo era patente por la configuración de la prevención como un negocio y no como un derecho pero, la llegada de la pandemia del COVID-19 ha terminado visibilizando las tremendas limitaciones de los servicios de prevención a la hora de hacer frente al reto de evaluar y establecer medidas preventivas para limitar las exposiciones al virus, convirtiendo en papel mojado las instrucciones de las autoridades sanitarias, solicitando de manera irresponsable ERTE para parte de sus plantillas, cuando deben ser la batuta de la prevención en las empresas.
Pero también se ha echado en falta una mayor presencia de las instituciones públicas en el ámbito laboral. Resulta inverosímil que ante los incumplimientos de los protocolos sanitarios en las empresas, las personas trabajadoras y sus representantes sindicales se hayan visto indefensos ante una inspección de trabajo que renunciaba de facto a paralizar actividades por riesgo grave e inminente de contagio ante el nuevo coronavirus o a proponer sanciones en una mayoría de situaciones. Por otro lado una inspección sanitaria que ha estado desaparecida en estos momentos de crisis sanitaria.
UGT y CCOO seguimos trabajando para afrontar esta crisis sanitaria haciendo lo que mejor sabemos: defender a la clase trabajadora denunciando donde sea preciso y exigiendo el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Contamos con un equipo irremplazable para llevar a cabo esta tarea, como son las miles de delegadas y delegados de prevención y los comités de seguridad y salud que trabajan cada día en los centros de trabajo para garantizar unas condiciones de seguridad y salud adecuadas para sus compañeros y compañeras.
Tras la pandemia son muchas las voces que insisten en que se configurará un mundo diferente, en la pequeña escala del ámbito de la prevención es necesario un cambio de paradigma para que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras se convierta en la prioridad inexcusable y el eje sobre el que pivote todo el sistema. Para ello será necesaria la movilización del conjunto de la clase trabajadora para que el sistema económico y de relaciones sociales que nos dotemos no se contraponga a la salud y a la vida.
Cabe recordar en este momento tan especial que estamos viviendo que, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales siguen dañando y matando a las personas trabajadoras. En Córdoba, el 2019 fue un año en el que la siniestralidad laboral siguió subiendo, 10 muertos (8 en jornada + 2 in itinere) y donde la mayoría de la siniestralidad laboral (48%) se cebó sobre el sector servicios (donde se incluye el sector sanitario), precisamente el más castigado en esta pandemia del COVID-19.
Pero este 2020 no puede ser un 28 de abril como el de otros años. Nos enfrentamos a una crisis mundial de salud pública que ya ha supuesto el contagio de centenares de miles de personas, ha tensionado los sistemas sanitarios, ha paralizado gran parte de la actividad económica del país y, lo más grave y doloso, se ha llevado decenas de miles de vidas. Este año nuestro recuerdo debe ser para esas víctimas, pero también para todas aquellas personas que, desde sus puestos de trabajo, son el principal baluarte de defensa frente a la enfermedad, poniendo en riesgo su salud y, en demasiadas ocasiones, sus propias vidas.
Desde UGT Y CCOO siempre hemos defendido que la salud laboral forma parte de manera indisociable de la salud pública, realidad que se ha hecho evidente con la pandemia del COVID-19.
CCOO y UGT venimos alertando de la reducción de inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas, y como esto va unido al aumento de los accidentes de trabajo. La debilidad del sistema preventivo era patente por la configuración de la prevención como un negocio y no como un derecho pero, la llegada de la pandemia del COVID-19 ha terminado visibilizando las tremendas limitaciones de los servicios de prevención a la hora de hacer frente al reto de evaluar y establecer medidas preventivas para limitar las exposiciones al virus, convirtiendo en papel mojado las instrucciones de las autoridades sanitarias, solicitando de manera irresponsable ERTE para parte de sus plantillas, cuando deben ser la batuta de la prevención en las empresas.
Pero también se ha echado en falta una mayor presencia de las instituciones públicas en el ámbito laboral. Resulta inverosímil que ante los incumplimientos de los protocolos sanitarios en las empresas, las personas trabajadoras y sus representantes sindicales se hayan visto indefensos ante una inspección de trabajo que renunciaba de facto a paralizar actividades por riesgo grave e inminente de contagio ante el nuevo coronavirus o a proponer sanciones en una mayoría de situaciones. Por otro lado una inspección sanitaria que ha estado desaparecida en estos momentos de crisis sanitaria.
UGT y CCOO seguimos trabajando para afrontar esta crisis sanitaria haciendo lo que mejor sabemos: defender a la clase trabajadora denunciando donde sea preciso y exigiendo el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Contamos con un equipo irremplazable para llevar a cabo esta tarea, como son las miles de delegadas y delegados de prevención y los comités de seguridad y salud que trabajan cada día en los centros de trabajo para garantizar unas condiciones de seguridad y salud adecuadas para sus compañeros y compañeras.
Tras la pandemia son muchas las voces que insisten en que se configurará un mundo diferente, en la pequeña escala del ámbito de la prevención es necesario un cambio de paradigma para que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras se convierta en la prioridad inexcusable y el eje sobre el que pivote todo el sistema. Para ello será necesaria la movilización del conjunto de la clase trabajadora para que el sistema económico y de relaciones sociales que nos dotemos no se contraponga a la salud y a la vida.
Cabe recordar en este momento tan especial que estamos viviendo que, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales siguen dañando y matando a las personas trabajadoras. En Córdoba, el 2019 fue un año en el que la siniestralidad laboral siguió subiendo, 10 muertos (8 en jornada + 2 in itinere) y donde la mayoría de la siniestralidad laboral (48%) se cebó sobre el sector servicios (donde se incluye el sector sanitario), precisamente el más castigado en esta pandemia del COVID-19.