Para ello las organizaciones sindicales exigen al Gobierno  que ponga en marcha una agenda de reformas sociales y laborales con el objetivo de garantizar la reconstrucción del país sin dejar a nadie atrás, reclamando empleos estables y con salarios dignos, porque de otro modo está en riesgo el actual modelo de bienestar social.

 

La subida del SMI es una medida de justicia social, que favorecería el consumo, la demanda interna y el crecimiento económico, ya que la pérdida de masa salarial se ha incrementado durante la pandemia afectando a todos los sectores. Además existe un compromiso del Gobierno en dar cumplimiento en esta legislatura a lo establecido en la Carta Social Europea que determina que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio neto.

 

UGT y CCOO reclaman la derogación de las reformas laborales para atajar la precariedad, la temporalidad, bajos salarios e inseguridad a que nos ha abocado esta legislación, la cual se creo bajo el auspicio de las políticas de austeridad que suficientemente han demostrado su fracaso ya que solo han conseguido destruir empleo, devaluar los salarios y las condiciones laborales.

 

CCOO y UGT van a reclamar esta derogación a la que el Gobierno se comprometió en su programa electoral  para  que los empleos estables sean la norma y no la excepción. Es necesario para recuperar el equilibrio e las relaciones laborales, recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la ultractividad para que las condiciones de un convenio no caduquen hasta que se renueve o negocie otro, salir así de la situación que actualmente tenemos de bloqueo de convenios por parte de la Patronal para mantener a los trabajadores sin regulación laboral. Asimismo han insistido en la importancia de perseguir el fraude en la contratación que se está llevando a cabo utilizando contratos temporales para actividades de carácter indefinido.

 

Y por último para reclamar la derogación de la Reforma de las pensiones de 2013 que condenó a los pensionistas presentes y futuros a un empobrecimiento continuo bajo la premisa del Índice de Revalorización y  Factor de Sostenibilidad y que no garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas.

 

UGT y CCOO  rechazan ampliar el computo de años para calcular la pensión de 25  a 35 años, que consideran un reto inalcanzable dada las características de nuestro mercado laboral marcado por la temporalidad así como también rechazan alargar la edad de jubilación o penalizar las jubilaciones anticipadas de los trabajadores que se han visto obligados a abandonar prematuramente el mercado laboral y exigen al respecto al Gobierno la presentación de las propuestas en la mesa de diálogo social del Pacto de Toledo.

 Por todo inician a nivel nacional  una campaña de movilizaciones para reivindicar y exigir al Gobierno de la Nación el cumplimiento de las promesas realizadas en su programa electoral y la aplicación de políticas progresistas que reviertan sobre el bienestar de las y los ciudadanos, y que en Almería y cumpliendo todas las normas de prevención frente al Covid19 que marca la normativa andaluza,  se llevará a cabo el 11 de febrero a las 12:30 frente a la Subdelegación del Gobierno en Almería.