Las políticas de austeridad y recorte han traído como consecuencia un aumento de las desigualdades y de la pobreza en nuestro país. 12,8 millones de personas están en riesgo de pobreza y más de 1,5 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. Por ello, UGT reclama un sistema público de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, a través de una ley que garantice y reconozca una protección social universal.

La crisis y las políticas adoptadas para combatirla han supuesto un aumento de las dificultades económicas de las familias y un agravamiento de las desigualdades y de la pobreza: la población en riesgo de pobreza asciende a 12,8 millones de personas y la severa afecta a más de 3 millones de ciudadanos; la pobreza infantil supera los 2 millones de niños y niñas; hay 1.572.900 hogares con todos sus miembros en paro; y ha aumentado en 116.600 el número de hogares sin ingresos laborales, hasta 721.900.

Por ello, UGT considera necesario reformular políticas que permitan un rescate para las personas de vulnerabilidad social, a la vez que desarrollar los servicios sociales en toda su extensión. Nos encontramos en un momento en el que es precisa la intervención de las Administraciones Públicas para desarrollar los servicios sociales garantizando los derechos de protección a las personas para asegurar la cobertura de las necesidades sociales básicas, y con ello alcanzar objetivos como la igualdad, la reducción de la pobreza, o la integración social y laboral.

El sindicato reclama un sistema público de servicios sociales como el cuarto pilar del estado de bienestar, en el que el conjunto de prestaciones y servicios que configuran los servicios sociales sea un derecho subjetivo, a través de una ley que, con pleno respeto a las competencias autonómicas, garantice y reconozca una protección social universal.

Desarrollar los servicios sociales en toda su extensión supone que el Estado en su conjunto asuma la eliminación de la pobreza coyuntural y reduzca la pobreza estructural, alcance un nuevo ámbito de protección, y destierre el concepto asistencialista para pasar al reconocimiento de derechos sociales basados en los principios de universalidad, equidad, y accesibilidad.