UGT denuncia que los bancos hayan frustrado la posibilidad de que inversores externos entraran en Urende
La empresa plantea un ERE que afectará a 600 trabajadores e implicará el cierre de 18 tiendas
La empresa de venta de electrodomésticos Urende, en concurso de acreedores y con un ERTE que afecta a 390 trabajadores y finaliza el 8 de febrero, presentó ayer a los sindicatos una alternativa al cierre y liquidación total, planteando un ERE que afectará a 600 trabajadores y el cierre de seis tiendas más de las 12 que ya había cerrado. Los 700 trabajadores de Urende celebrarán hoy una asamblea en la que decidirán si aceptan esta propuesta, que supondría el mantenimiento de cuatro tiendas y entre 100 y 110 empleados.
Para el secretario general de la federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego (CHTJ) de UGT Córdoba, Antonio Vacas, “teniendo en cuenta la situación que atraviesa la empresa, con una deuda de más de 200 millones de euros, se podría concluir que es la solución menos mala”.
En este sentido, ha aclarado, “aunque esta nueva propuesta confirma nuestros peores augurios y supondrá un golpe tremendo a la economía cordobesa, principalmente, creemos conveniente que los trabajadores la aprueben, ya que, de lo contrario, sería muy complicado que pudieran cobrar sus nóminas y los administradores concursales terminarán liquidando la empresa”. Sin embargo, con este ERE “se asegura la viabilidad de Urende y el mantenimiento de entre 100 y 110 trabajadores”.
Sobre esto, Vacas ha anunciado que UGT estará vigilante ante el cumplimiento de los convenios colectivos provinciales en las tiendas de Córdoba, Jaén, Granada y Ciudad Real, especialmente en lo que respecta al cobro de nóminas y a los horarios, “que será difícil cumplir de acuerdo a los actuales convenios con tan pocos trabajadores por tienda”.
Por otro lado, el responsable sindical ha denunciado que los bancos hayan frustrado la posibilidad de que inversores externos entraran en la empresa, al no apoyar la eliminación de la quita que arrastra la empresa. A su juicio, “es una clara muestra de que es prioritaria una reforma del sistema financiero español, que es el que impide la recuperación económica y del empleo en nuestro país”, pidiendo al Gobierno de la Nación “que dé prioridad a dicha reforma en lugar de imponer una reforma laboral no consensuada”.