UGT lamenta la sentencia del ERE de la base de Morón y pide a PP, PSOE y Cs que reaccionen

UGT lamenta la sentencia del ERE de la base de Morón y pide a PP, PSOE y Cs que reaccionen

Después de que el Tribunal Supremo haya desestimado los recursos de casación formulados por UGT, USO y el comité de empresa de la sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera (Sevilla), contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avala el despido colectivo acometido en 2014, la sección de UGT en dicho centro de trabajo ha lamentado este "varapalo" judicial y ha recordado los compromisos al respecto del PP, el PSOE y Ciudadanos.

13/04/2018 |

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José Armando Rodríguez Ardila, responsable de la sección sindical de UGT en los servicios civiles de la base de Morón, ha mostrado su "desacuerdo" con las sentencias emitidas al respecto por el TSJA y el Supremo. En paralelo, ha recordado los insistentes avisos del sindicato respecto a una estrategia ideada para "acortar" el número de empleados españoles en la base y el apoyo del PP, el PSOE y Ciudadanos a la ampliación del contingente estadounidense en esta base cuyo uso comparten Estados Unidos y España.
 
Y es que según Rodríguez Ardila, dichos partidos se comprometieron a ser "vigilantes" respecto a los compromisos manifestados por el Gobierno estadounidense para que la ampliación de su contingente derivase en beneficios en el empleo local, pero a día de hoy "no se está creando empleo" y la sociedad gestora de los servicios civiles de la base "está reestructurando todos los departamentos", para hacer frente a sus obligaciones sólo con los recursos actuales. A su juicio, los citados partidos "no han estado vigilantes", porque sería "interesante" conocer qué piensa a día de hoy sobre la situación de la plantilla de la base de Morón.
 
Hablamos del expediente de regulación de empleo (ERE) acometido en 2014 por Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), como sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe), toda vez que el contrato correspondiente a dichos servicios está actualmente en manos de otra empresa estadounidense, Vectrus en concreto.
 
Este despido colectivo afectó a 55 trabajadores, tratándose del tercer ERE promovido por Vinnell-Brown & Root Spain durante los años en los que estuvo encargada de los servicios civiles de esta base militar cuyo uso comparten España y Estados Unidos. A través de estos tres ERE, la empresa se desprendió de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.
 
El incremento de la actividad militar en la base fue tal, que España y Estados Unidos firmaron una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pasase de aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves, a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.
 
El comité de empresa de la sociedad encargada de los servicios civiles de la base, encabezado por UGT en aquella etapa, avisaba así de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.
 
En cualquier caso, el ERE de 2014 fue recurrido ante la sala de lo Social del TSJA, que a través de una sentencia emitida en octubre de 2015 desestimaba el recurso colectivo de los trabajadores despedidos, declaraba "ajustado a derecho" este ERE y no entraba siquiera a conocer las "pretensiones" deducidas por los recurrentes contra Estados Unidos y la Usafe, dada su "inmunidad de jurisdicción".
 
Y es que según el TSJA, en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos "se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos". Así, el Alto tribunal andaluza circunscribía el conflicto a "la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos".