Las organizaciones sociales de Andalucía registran en el Parlamento la ILP para regular la renta básica
Representantes de la plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía, de la que forma parte UGT-A, han registrado este martes en el Parlamento la Iniciativa Legislativa Popular para regular la renta básica para la inclusión en nuestra Comunidad.
La Iniciativa tiene por objetivo dar una respuesta a la situación de necesidad de una parte de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas que se encuentran en situaciones socioeconómicas y laborales tan precarias que no cuentan con recursos económicos y patrimoniales suficientes para abordar los gastos mínimos que les garanticen una vida digna, y que no pueden acceder a un empleo que les permita vivir con dignidad.
Las organizaciones sociales proponen la puesta en marcha de un Sistema andaluz de Renta Básica que, por un lado, reconozca el derecho estatutario a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y que, en caso de necesidad, pueda recibirla con arreglo a lo dispuesto a la ley. Y por otra parte, eliminar el riesgo de exclusión social, persona y laboral, facilitando la inclusión de quienes carezcan de recursos suficientes para que los derechos sociales puedan ser ejercidos de forma efectiva.
La Renta Básica se concibe como una prestación específica de carácter económico orientada a promover la integración de quienes se encuentren en situaciones de exclusión social garantizando en todos los casos la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas.
El concepto de exclusión social que pretende atender esta prestación responde a una acepción amplia, no sólo identificable con procesos de marginación social de dimensión individual sno fundamentalmente con la condición más objetiva de la ausencia o insuficiencia de los recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado, es decir, del estado de necesidad que compromete los requerimientos de subsistencia y que imposibilita o limita el ejercicio de los derechos sociales.
La pobreza y la exclusión social es una situación que viene siendo persistente en nuestra sociedad ya que, incluso en épocas de crecimiento económico, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de Andalucía no ha bajado del 27,7% del año 2005. En 2013, último dato disponible, ha aumentado hasta el 38% (según criterios de la estrategia europea 2020). Y suben, también, hasta el 74% los hogares andaluces que tienen dificultad para llegar a fin de mes, según los datos de la encuesta de condiciones de vida de 2013.
Hay, además, que considerar la distribución de la tasa en función de variables como la edad que señala a las personas menores de 16 años como las que tienen mayor riesgo de exclusión ya que ni en el mejor año (2005) han bajado del 31%. En 2013, la tasa ha sido del 45%.
La pobreza y la exclusión social de los menores afectan de forma directa al futuro desarrollo de la propia sociedad andaluza y es un problema que necesita actuaciones urgentes.