Para UGT Andalucía la reforma de la ley de servicios sociales era "absolutamente necesaria". "La ley actual está en vigor desde 1988, es decir, hace casi 28 años, y es absolutamente necesario adecuar la norma a los cambios sociales reconocidos hasta la fecha", asevera Soledad Ruíz. Desde el año 2014, cuando se inician los primeros borradores de la ley y se empiezan a convocar las primeras reuniones  de la Junta con las organizaciones sociales y los interlocutores económicos, UGT Andalucía ha jugado un destacado papel en la conformación del texto legal.

El sindicato andaluz ha sido la organización social que más enmiendas ha presentado "y esperamos que muchas sean recogidas en la norma final". Para UGT Andalucía es imprescindible que queden recogidos tres cambios en el contexto social andaluz. El primero,  el incremento de personas en situación de desempleo y del tiempo en que se permanece en esa situación. "Ya no hablamos solo de la imagen estereotipada de personas en riesgo de exclusión como únicos usuarios de los servicios sociales, hablamos también de personas que han perdido su empleo, que llevan más de tres años en paro y que ya no tienen ningún derecho a prestaciones porque lo han agotado todo. Y esas personas tienen necesidades básicas para comer, para alimentar a sus hijos, para pagar la luz o el agua", advierte la líder sindical.

El segundo, el aumento de la esperanza de vida. "Ya no hablamos solo de personas dependientes que demandan los servicios sociales. El número de mayores de 80 años ha ido también aumentando de forma muy importante y esas personas que todavía son autónomas, que no son dependientes, necesitan un apoyo específico. En este caso consideramos que la ayuda a domicilio es imprescindible".

Y en tercer lugar, las dificultades que tienen ciertos sectores poblacionales como jóvenes, mujeres, inmigrantes, refugiados, personas mayores, discapacitados, minorías étnicas…

"Para nosotros los servicios sociales deben tener siempre una responsabilidad pública aunque finalmente la desarrolle una entidad privada", mantiene la líder sindical. "Responsabilidad  pública con financiación estable, recogida en la ley, porque tiene que ser un sistema sostenible que integre todos los recursos, acciones y prestaciones que se presten a la ciudadanía"

"El acceso a los servicios sociales", añade la Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad, "debe configurarse como un derecho universal subjetivo, es decir, exigible ante los tribunales y ante la administración. Debe ser la Administración la que cubra las necesidades en caso de extrema necesidad y eso la ciudadanía debe poder exigirlo como un derecho propio".

En cuanto a los profesionales que prestan estos servicios, UGT Andalucía exige la necesidad de que las organizaciones sociales participen en la definición de los mapas competenciales y el reconocimiento de la participación profesional. "Estamos hablando de que la ley debe garantizar la calidad del servicio a la ciudadanía y, por otro lado, garantizar a los trabajadores y trabajadoras todos los derechos laborales".

Por último, UGT Andalucía confía en que finalmente el texto recoja dos prestaciones garantizadas "para nosotros muy relevantes". La primera, el servicio de ayuda a domicilio porque si no está garantizado por ley "sería un paso atrás para las personas mayores de 80 años que viven solas y dejaría en la cuneta a miles de trabajadores.  No podemos dejar la ayuda a domicilio en manos de los ayuntamientos porque, tal y como hemos visto estos años, habrá ayuntamientos ricos que mantendrán el servicio y ayuntamientos pobres que no podrán".

Y en segundo lugar, la renta básica, "un derecho planteado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, absolutamente necesario para la situación económica en la que se encuentras miles de familias andaluzas".