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UGT reclama un crecimiento real de los salarios que dinamice la economía

UGT reclama un crecimiento real de los salarios que dinamice la economía

UGT considera que los datos del IPC (-0,8% interanual) reflejan una situación económica débil, de bajo consumo que obedece a las dificultades de las familias, producto a su vez del desempleo, de una cada vez peor cobertura de los desempleados, y de una política basada en la devaluación salarial y la creación de empleo precario y sin derechos, ambos consecuencia de las reformas laborales.

14/04/2016 |

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Para UGT, es urgente reorientar las políticas económicas con medidas que implementen el empleo de calidad y con derechos y el aumento real de los salarios en nuestro país, con el fin de impulsar la demanda interna y el consumo. Un modelo que incorpore un ambicioso plan de inversiones, basado en más innovación e industria, que aumente la productividad de las empresas; que reformule los plazos de consolidación fiscal y que reforme la política fiscal y presupuestaria con el objetivo de promover el crecimiento real de la economía.

A pesar de que la tasa mensual se situó en positivo el 0,6%, un punto por encima de la registrada en febrero (-0,4%), la tasa anual sigue en negativo, manteniéndose en el -0,8%, lo que refleja un claro síntoma del frágil crecimiento de la economía, basado en un modelo agotado, enormemente dependiente de actividades estacionales y del ciclo económico internacional. Un modelo basado en políticas que favorecen la desigualdad social, el empleo precario y estacional y los bajos salarios. 

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumenta una décima y se sitúa en el 1,1%, casi dos puntos por encima del IPC general, alcanzando la mayor diferencia desde julio de 2009.

Por su parte, en el mes de febrero la tasa de variación anual del IPC Armonizado (IPCA) se mantiene en –1,0%. De este modo, el IPCA de España se sitúa nueve décimas por debajo de la tasa media de la eurozona, que cae hasta el -0,1%, según el dato provisional. Esto se traduce en que España lleva 30 meses consecutivos registrando tasas de variación del IPC inferiores a las de la eurozona.

Conclusiones

La evolución de los precios en España es un claro síntoma del frágil crecimiento de la economía, basada en un modelo agotado, enormemente dependiente de actividades estacionales y de los movimientos del ciclo económico internacional.

Tanto es así que el IPC en España está determinado por los precios de la energía y del petróleo, que ha experimentado un continuo descenso desde septiembre del 2015, debido a la expectativa de que los países productores seguirán aumentando su producción en un contexto de menor consumo, dada la fragilidad del crecimiento mundial, tal y como ha apuntado estos días el FMI, que señala además la más que probable posibilidad de que la inflación siga cayendo en la mayoría de los países debido a las caídas de los precios de las materias primas y a la debilidad de las manufacturas mundiales.

En este sentido, el FMI alerta sobre los riesgos para la economía y la posibilidad de descarrilamiento del crecimiento mundial, de manera que ha rebajado sus previsiones tanto para 2016 como para 2017.

En países como España, donde la tasa de inflación está en caída libre y muy por debajo de las previsiones de las instituciones europeas, la política monetaria expansiva del BCE debe ir acompañada de políticas fiscales expansivas que tengan un solo objetivo: promover el crecimiento.

Urge que este crecimiento llegue a las familias y a los trabajadores,  puesto que a día de hoy la crisis sigue enquistada en nuestro país, debido a las políticas del gobierno y las reformas impuestas a lo largo de estos años, que han consolidado un modelo productivo incompatible con el progreso social y la igualdad, incluso con la propia estabilidad macroeconómica, tal y como ponen de manifiesto los datos.

Las políticas impuestas en nuestro país se han caracterizado por un debilitamiento de la estructura económica y una creciente desigualdad social. Además hoy existe la amenaza de una tercera recesión, pero en un escenario con menos industria, menos empleo y de peor calidad, y sin hay margen para aumentar la deuda pública. Porque la reforma laboral, junto a los recortes en el gasto público y medidas  fiscales y laborales erróneas han empobrecido año tras año a los trabajadores y al conjunto de la población.

El crecimiento en España y en Europa es extraordinariamente inestable, y está impulsado casi en exclusiva por factores externos (como la caída libre del precio de los carburantes) por lo que es urgente reorientar las políticas económicas -europeas y nacionales- con medidas fiscales expansivas que impulsen la demanda agregada, y se centren en la creación de empleo de calidad y la redistribución de la renta. Y esto pasa por una apuesta decidida en Europa por el crecimiento.

Europa tiene la obligación de permitir el crecimiento de sus miembros y no ahogarlos con unos objetivos de déficit público imposibles de garantizar sin una estructura económica fuerte. Para ello es preciso que Europa impulse decididamente una política social expansiva, para poder reconstruir el modelo social europeo: con una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y con derechos conseguidos mediante la negociación colectiva.

Porque la economía funciona mejor cuando funciona para todos. Y esto en España pasa además por crear buenos empleos y buscar fórmulas para revitalizar el sector industrial en nuestro país, para mejorar la innovación de las empresas y aumentar su productividad. Fórmulas que debe in enmarcadas en el desarrollo de políticas de distribución, en las que la negociación colectiva, que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza, tenga un papel fundamental.

En este sentido, urge un cambio de la política de rentas, para poder revitalizar la demanda interna (y con ella el crecimiento), incrementando el poder adquisitivo de los empleados públicos y los pensionistas, y garantizando ganancias de poder adquisitivo a los trabajadores en el sector privado, en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017.