Una delegación de representantes sindicales del colectivo de Delphi, (UGT, CCOO, USO y CGT) se ha desplazado hasta Bélgica para informar en el Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo, de la situación en la que se encuentran unos 500 extrabajadores de la antigua plantilla de Delphi. Los incumplimientos del protocolo del 4 de julio de 2007, sobre todo por parte de la Junta de Andalucía, les ha llevado a una situación económica de extrema necesidad que hace inviable una vida digna para centenares de familias gaditanas. En el acuerdo se les garantizaba una salida laboral u otra medida similar. Siete años y medio después, el conflicto permanece más vivo que nunca.

El Secretario Ejecutivo de MCA-UGT Andalucía, Antonio Montoro y antiguo trabajador de la planta automovilística de Puerto Real (Cádiz) ha viajado acompañado del Secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva de MCA-UGT Cádiz, Manuel Díaz. En declaraciones, Montoro ha manifestado que  "se trata de una nueva acción política para conseguir, de una vez por todas, dar una salida digna al conflicto y a las miles de familias que dependen de él", explicó Montoro. La iniciativa ha sido impulsada por el grupo de Podemos "los cuales nos han dado la oportunidad de que se eleve nuestra voz y los eurodiputados conozcan la transcendencia de este problema, que ha llevado a la desindustrialización de la Bahía de Cádiz". "La Junta ya hace oídos sordos del tema, así que hemos pedido la colaboración de otros grupos para ayudarnos", matizó.

Paralelamente  los portavoces de los cuatro sindicatos mantendrán un encuentro con cada grupo político de la eurocámara donde se les hará entrega de un dossier completo que resume el conflicto laboral desde el cierre de la factoría, en junio de 2007, hasta nuestros días. En los documentos se detalla la actuación de la Junta de Andalucía y su compromiso con los afectados a los que se prometían, entre otras cosas, la recolocación o, en su defecto, formación remunerada.

Esta medida se suma a la demanda que MCA-UGT Andalucía presentó ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía (TSJA) contra la Junta de Andalucía por "inactividad" de la Administración y que fue admitida a trámite, al considerarse indicios de delito. Paralelamente parte del colectivo cumple ya casi seis meses de encierro en las dependencias sindicales de UGT en protesta a su situación y que no pretenden finalizar por el momento.