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UGT lamenta que la decisión del Supremo llegue tarde para miles de familias

UGT lamenta que la decisión del Supremo llegue tarde para miles de familias

La Unión General de Trabajadores celebra la decisión del Tribunal Supremo que adapta la normativa española sobre las cláusulas de vencimiento anticipado de créditos hipotecarios a las directrices de la justicia europea aunque considera que llega tarde para miles de familias que durante años y, fundamentalmente, en los peores momentos de la crisis económica, se quedaron en la calle.

12/09/2019 |

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Entre otras cuestiones, la nueva normativa establece que las entidades bancarias no podrán realizar desahucios si el cliente al que han hecho el préstamo no lleva más de un año sin pagar sus cuotas. De este modo, los bancos no podrán, como en ocasiones han hecho en España, realizar un lanzamiento hipotecario con sólo un mes de impago.

UGT recuerda que el propio sindicato impulso, junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros colectivos sociales, una Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y la pobreza energética y reitera que es imprescindible desarrollar un ambicioso plan de vivienda en nuestro país y garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible tal y como establece nuestra Constitución.

El sindicato subraya la función social que desempeña la vivienda como necesidad vital para el ciudadano y reclama soluciones habitacionales para aquellas familias víctimas de deshaucios. En este sentido, seguirá demandando al Gobierno que se forme, una legislación destinada a configurar el derecho a una vivienda como un auténtico derecho subjetivo, inviolable, no solo de los poderes públicos, sino ante los tribunales de justicia, cuando se carezca de recursos, en igualdad de trato, oportunidades y sin ningún tipo de discriminación.

Este país no puede permitir que se repita un drama que dejó sin vivienda a millón y medio de personas, por ello es necesario recuperar una inversión en vivienda, que prácticamente ha desaparecido. La época de los recortes ha pasado, nuestro país está creciendo y se tienen que volver a implementar políticas públicas de vivienda que luchen contra la precariedad y la pobreza.

Ir más allá

UGT considera que hay que ir más allá y aplicar políticas tendentes a solucionar el grave problema que sufren miles de familias a la hora de acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible. En este sentido:

Exige recuperar, al menos, el 1,5% del PIB en inversión en vivienda, derogar las reformas del Partido Popular en esta materia.

 Reclama encontrar una solución habitacional antes de aplicar cualquier desahucio, lo que requiere una auténtica coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales. Para ello, es preciso garantizar los medios económicos y materiales necesarios, tanto en la Administración de Justicia como en los Servicios Sociales.

Hay que promover mecanismos para que aquellas familias que pierdan su vivienda habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria puedan permanecer en su domicilio o acceder a una vivienda social en régimen de alquiler, a precios acordes con su nivel de renta.

 Es preciso establecer una norma legal de segunda oportunidad, en línea con los países más avanzados de nuestro entorno, que evite la expulsión de la vivienda, a aquellas familias que no pueden hacer frente a la hipoteca y actúen de buena fe (hogar insolvente, no doloso).

 Hay que potenciar actuaciones, desde el ámbito estatal, para la constitución de grandes Parques Públicos de Alquiler Social, en el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

El objetivo es acercarnos a las cifras de vivienda en alquiler que se dan en la UE (mientras en España apenas llegamos al 17%, en la UE las viviendas en alquiler representan el 30,8%).

 En definitiva, UGT defiende que hay que priorizar las políticas que den a la vivienda un valor de uso y no de mera inversión y búsqueda de rentabilidad, e insta a los partidos políticos a que incluyan esta cuestión en sus agendas políticas y programas electorales, con el objetivo de dar respuesta a miles de familias que han sufrido y sufren los efectos de una crisis económica y financiera, que no han provocado, pero de la que siguen siendo víctimas.