En la Mesa General de las Administraciones Públicas celebrada el pasado día 30 de diciembre, el gobierno anunció que la tasa de reposición de efectivos de las AAPP para el año 2012 sería cero, lo que significará la disminución de las plantillas de las AAPP en treinta mil funcionarios en los dos próximos años y además la imposibilidad de contratar personal laboral temporal o interino por ninguna circunstancia. La jornada será de treinta y siete horas y media, este aumento de horario hará que se deje de contratar personal laboral. Igualmente quedan sin efectos las convocatorias de oposiciones y de consolidación de empleo.

El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, recoge toda esta serie de recortes. En el Capítulo II del mismo, se incluye la congelación salarial de los empleados públicos, que unido a las anteriores medidas consigue que la pérdida del poder adquisitivo les lleve a niveles del año 2007.
Sin embargo, el mayor ataque hacia el empleo contenido en este RDL, está en la tasa cero de reposición de efectivos de las AAPP, ya que teniendo en cuenta que cerca de un millón de empleados públicos superan los cincuenta años de edad, supondrá la inmediata amortización de plazas en las AAPP (desaparición de la plaza tras la jubilación del empleado público) y, por tanto, una considerable reducción del volumen de la administración, España pues, se aleja del estado de bienestar con respecto a Europa, estando en una de las últimas posiciones de la Unión Europea en cuanto a volumen y coste por habitante del empleo público. Según la última estadística de Eurostat, el gasto en salarios de empleados públicos por habitante sólo es menor en Grecia, Portugal e Irlanda. Con esta medida, además, se truncan las expectativas laborales de miles de opositores así como los procesos de consolidación de empleo, que ya quedan sin efecto.
Por todo esto, resulta evidente que el gobierno del PP a través del RDL 20/2011, está diseñando un modelo de estado donde se puede decir que la política va a actuar como una herramienta que acosa y hostiga, a través de diversos mecanismos legales, a la clase trabajadora de este país y como consecuencia de esto, la salud del trabajador se verá alterada con todos estos cambios que está realizando el gobierno.

Si el ambiente de trabajo ya constituía un riesgo para la salud del trabajador en muchos casos, con estas nuevas medidas se volverá cada vez más estresante, exigente, cambiante, insalubre y competitivo, lo que generará un aumento de las enfermedades mentales derivadas del trabajo. Hay que recordar que según la Organización Internacional del Trabajo, "las enfermedades mentales son la segunda causa de baja por enfermedad común y uno de cada diez trabajadores mundiales sufre estrés, ansiedad o depresión. Además, esta última es la segunda causa más frecuente de incapacidad laboral en el mundo". Las enfermedades mentales son producidas principalmente por la exposición del trabajador a situaciones de estrés, como cambios bruscos en la organización del trabajo, sobrecarga física o psíquica que potencialmente exceda el normal, frustraciones, etc. La frustración de las expectativas laborales produce en el trabajador una situación desfavorable de estrés.

La disminución de personal va a generar unas cargas de trabajo excesivas y unos horarios laborales variables e impredecibles, con jornadas excesivamente largas, que además no van acompañados de mayor autonomía de los empleados, creándose factores de riesgo para la aparición de enfermedades psíquicas y físicas. La pérdida de capacidad económica va a producir un desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa recibida que va a tener como consecuencia la generación de estrés laboral.

Ante esta situación, la Federación de Servicios Públicos de UGT quiere manifestar su rechazo a estas medidas que provocan una gran inseguridad e inestabilidad en las condiciones de trabajo con el consecuente daño a la salud de los trabajadores y trabajadoras.