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UGT Andalucía exige derogar la reforma laboral, cambio de modelo productivo y más servicios sociales

UGT Andalucía exige derogar la reforma laboral, cambio de modelo productivo y más servicios sociales

Este martes, 14 de enero, UGT Andalucía ha ofrecido una rueda de prensa para presentar las reivindicaciones del sindicato de cara al nuevo año. El secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía, Oskar Martín y la secretaria de Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT Andalucía, Soledad Ruiz, han planteado las principales líneas de actuación del sindicato y los retos a los que nos enfrentamos en este año los andaluces y las andaluzas. En dicho acto han presentado dos informes donde se ha analizado por sectores los problemas que tiene Andalucía en la actualidad y las soluciones que propone nuestra organización para combatirlos.

14/01/2020 |

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Oskar Martín ha señalado que “Andalucía necesita convertir toda esta vorágine de cambios en una oportunidad histórica para cambiar nuestro modelo productivo, para dar a la industrialización de nuestra tierra la oportunidad que se merece y que siempre se le negó, para hacer de la innovación, de la investigación, de la formación y la cualificación de nuestros trabajadores y de la excelencia empresarial nuestra baza a jugar para lograr avanzar en términos de productividad, sobrevivir en la competitiva y globalizada economía mundial actual y dotarnos de un modelo de desarrollo socioeconómico lo suficientemente estable como para hacer frente a posibles nuevas crisis cíclicas que puedan venir”.

“El objetivo general no es otro que es de acercarnos a la tasa de paro que teníamos antes del estallido de la crisis, en este sentido, entendemos que a finales de 2020 la misma debería ser ya inferior al 15%, lo que supondría un descenso de casi 7 puntos sobre la actual tasa de paro”.

“Hay que promover un cambio de modelo productivo que prime la industrialización, la sostenibilidad de todas las actividades económicas y la inversión en innovación. Exigimos derogar las dos últimas reformas laborales que han provocado la precarización de nuestro mercado laboral y el empobrecimiento de la clase trabajadora y retomar el desarrollo de un Plan Especial de Empleo para Andalucía, de forma consensuada entre las distintas AAPP y los agentes sociales más representativos”, ha dicho.

“Volver a poner en valor la negociación colectiva eliminando la primacía de los convenios de empresa y salvaguardando la vigencia de los convenios colectivos mediante la ultraactividad. Hay que actuar contra la contratación precaria, persiguiendo y sancionando adecuadamente el uso fraudulento de las distintas modalidades contractuales e incluyendo en los convenios cláusulas que limiten el porcentaje de la plantilla contratado temporal y/o a tiempo parcial”, ha señalado Oskar Martín.

“Hay que incrementar las retribuciones salariales de los trabajadores mediante una Ley de Ingresos Mínimos,  la elevación del SMI a los 1.000 €, el establecimiento de cláusulas de salario mínimo de 1.000 € y de revisión salarial, junto con un incremento mensual medio de un mínimo del 3% en los convenios colectivos. Exigimos la puesta en funcionamiento real de planes de igualdad en todas las empresas andaluzas y apostar por el contrato de relevo como fórmula de incorporación de nuestros jóvenes a las empresas”.

El responsable regional de Empleo de UGT ha manifestado que “es fundamental incorporar nuevos servicios de asesoramiento personalizado en la búsqueda de empleo para el colectivo de desempleados de larga y muy larga duración a través del SAE. También hay que reformar el Sistema y el Modelo de Formación Profesional para el Empleo hasta hacerlo más accesible a los trabajadores y adecuado a las necesidades reales de las empresas; crear un Observatorio de Detección de Necesidades Formativas y aprobar una Ley de Formación Profesional”.

Ha añadido que hay que “incrementar, de manera importante, la inspección laboral en materia de PRL y endurecimiento de las sanciones para las faltas más graves, aumentar la Oferta Pública de Empleo y ampliación de las plazas destinadas a la promoción interna y reformar el Sistema Público de Prestaciones por Desempleo ampliando la cuantía de las prestaciones y su duración en el tiempo e incorporando una prestación andaluza complementaria que asegure un nivel de calidad digno para los desempleados con menores recursos económicos”.

DESAFÍOS SOCIALES

Por su parte, Soledad Ruiz, que se ha centrado en los desafíos sociales, ha argumentado que “continúa el deterioro de los servicios públicos esenciales especialmente la sanidad, la educación y los servicios sociales y dentro de este último principalmente la dependencia. Cuando la mejora en la economía de estos últimos años en Andalucía se debió utilizar para el restablecimiento de los derechos, para la mejora de los niveles de  protección y cohesión social, nos encontramos en la actualidad con un escenario que lejos de dar esperanza crea incertidumbre y preocupación”.

“A la espera de las últimas estadísticas que cierren el año 2019, el informe de 2018 sobre la pobreza con fuente de AROPE y de la Red de la Lucha contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía, nos recuerda que el 38,2%  (3,2 millones) de la población andaluza está en riesgo de pobreza o exclusión, 12,1 punto por encima de la media estatal, siendo la tercera CCAA con mayor tasa de España. La tasa de pobreza se sitúa en el 32%, y la tasa de pobreza severa es de 9,9%, 4,2 puntos más elevada que la media nacional y la más alta de todas las comunidades autónomas. El 8% de la población andaluza viven en condiciones de Privación Material Severa,  Con respecto al año pasado, la cifra recoge un fuerte incremento del número de personas que no pueden hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo, que crece un 54% más (2,8 puntos porcentuales), rompe con tres años de mejora del indicador y vuelve a los datos del año 2015 y  el 18,1% de la población menos de 60 años viven en hogares con baja intensidad de empleo”, ha dicho.

“La demanda en los Servicios Sociales  ha aumentando y aunque se han tomado medidas para reforzarlos, aun no son suficientes: los centros están colapsados, son incapaces de atender la creciente demanda de personas que acuden en busca de apoyo, las listas de espera aumentan, los tiempos para ser atendido o cobrar prestaciones se alargan, demora en los pagos o prestación de los servicios, aumento considerable de la carga de trabajo de los y las profesionales  y por tanto,  el trabajo de atención a la ciudadanía se despersonaliza y se convierte en una mera gestión de recursos con enormes consecuencias negativas para la población, etc”, ha manifestado.

“Ante este estas situaciones la Renta Mínima de Inclusión se presenta como una herramienta que puede paliar las situaciones de pobreza que sufre un sector importante de la población, sin embargo, tras dos años  desde su aprobación,  la gestión y tramitación de la misma no ha sido lo suficientemente efectiva,  puesto que ha habido poco refuerzo de los y las profesionales y  poca coordinación  y cooperación entre las Administraciones Públicas implicadas, sobre todo y en lo que respecta a la realización de los Planes de inclusión”, ha dicho Soledad Ruiz.

Por otro lado, la responsable de Políticas Sociales ha señalado que “las debilidades del sistema educativo (fracaso escolar, cualificación profesional deficiente, formación profesional insuficiente, oferta formativa inadecuada, etc.) deben ser combatidas con medidas eficientes, medios, ofertas públicas de empleo y recursos”. Además, ha añadido que “en lo que se refiere al Sistema de Salud en Andalucía, los sucesivos recortes han deteriorado gravemente el sistema público y mermando uno de los derechos fundamentales más básicos. Además, el cambio en pocos meses de la Gerencia en el SAS y ante las continuas protestas de los y las profesionales,  no ha paliado la mala gestión en esta materia del gobierno. Y así nos seguimos  encontrando con los cierres por la tarde de los centros de salud en navidad, de quirófanos y los problemas de reposición del personal, ya que ha sido el más bajo desde la época de crisis, entre otros. El resultado ha sido aumento de la lista de espera y deterioro de la calidad en la atención por la sobrecarga actual de los y las profesionales y sin ningún acuerdo de diálogo social”.

“El derecho constitucional a una vivienda digna se ha convertido para algunos colectivos, después de la última crisis económica que hizo estallar la burbuja inmobiliaria en casi un sueño inalcanzable, ha señalado Soledad Ruiz.

Finalmente, la dirigente sindical ha dicho que desde UGT “vemos con consternación como uno de los elementos más innovadores de nuestra sociedad y de referencia en el resto de España y Europa, la igualdad de género, se ha ido resquebrajando de manera lenta pero continua. Unas políticas que han estado sujetas a la presión ejercida por la ultraderecha como socio parlamentario y que ha llevado en sólo un año estas políticas no ya a la irrelevancia, a una vuelta al papel que las mujeres tenían en la sociedad hace 60 años”.

 

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Informe social