UGT-A junto con numerosas organizaciones andaluzas exige a la Junta la retirada del decreto de trabas administrativas
El sindicato, junto con las organizaciones andaluzas más importantes en materia socialaboral y política de nuestra tierra, ha suscrito una carta que se ha entregado hoy al Gobierno andaluz donde exigen participar de manera transparente y poder realizar ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía las aportaciones necesarias y oportunas en la modificación normativa que se pretende llevar a cabo. Con dicha carta solicitan que el Consejo de Gobierno retire el Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.
La carta está suscrita por UGT Andalucía, CCOO Andalucía, FACUA Andalucía, El Colegio de Periodistas de Andalucía, Sindicato de Periodistas, UPTA, Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, EMA-RTV, Red de medios comunitarios, CAONG , Asociación de la Prensa de Cádiz, Asociación de la Prensa de Huelva , Asociación de la Prensa de Cordoba, Asociación de la Prensa de Sevilla, Asociación de la Prensa de Málaga, Asociación de la Prensa de Almería, Sindicato de Periodistas de Andalucía, Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Red de Medios Comunitarios , CAONG y Colectivo Escuelas de Calor.
En ella exigen que como representantes del tejido social y productivo de nuestra Comunidad, sería muy necesario que las empresas y entidades representantes de colectivos como el que suscriben esta carta, así como el resto entidades de los distintos sectores de actividad, y su representación en los órganos de participación de Andalucía, podamos ser participes y contribuir a la mejora del contenido del Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.
Desde UGT Andalucía consideramos que esta amplia modificación normativa debería seguir el trámite establecido para un Proyecto de Ley en el que se nos diera participación a los distintos agentes sociales en fase previa a su aprobación por el Consejo de Gobierno y durante la tramitación parlamentaria. Todo ello ha provocado, no sólo que no se hayan tenido en cuenta opiniones que hubieran sido enriquecedoras por parte de todos los colectivos a los que afectan estas normas sino que, incluso, se haya incurrido en ocasiones en redacciones de dudosa legalidad que pueden producir un daño irreparable a los sectores económicos a los que va dirigido este Decreto-Ley.